AI avisa de que los políticos tienen "una buena agenda pendiente" en derechos humanos

Alertan de que combatir el terrorismo no tiene que afectar la libertad de expresión

BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director de la sección española de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, ha avisado de que los políticos candidatos al 20D tienen "una buena agenda pendiente" en materia de derechos humanos en España, que han retrocedido en materia de libertad de expresión, y aún con asignaturas pendientes del franquismo, como los desaparecidos que criticó la ONU.

En declaraciones a Europa Press, Beltrán ha destacado --con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos este jueves-- que en España hay situaciones que "hay que afrontar lo antes posible", como los más de 700.000 inmigrantes sin tarjeta sanitaria, que no pueden tratar enfermedades infecciosas, y el derecho a la vivienda, que ha peligrado con la crisis económica.

Ha criticado el retroceso en la Libertad de expresión que ha significado la Ley de Seguridad Ciudadana --la 'Ley Mordaza'--, que "amplía los poderes policiales sin salvaguardas a las personas", y que recoge los impedimentos de la anterior Ley de libertad de reunión, que impide las manifestaciones espontáneas.

Beltrán ha observado en la legislación una tendencia restrictiva, de "disuadir la protesta", que deja a las autoridades como árbitros y ha avanzado que cuando se cumpla un año harán un balance del impacto.

Ha añadido que la reforma del código penal, que sitúa como delitos sujetos de cárcel el hecho de cortar una calle o la resistencia pasiva, "necesita ser desandada" para volver a los estándares internacionales.

SEGURIDAD Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN

También ha alertado de que el combate contra el terrorismo no tiene que ir en detrimento de la libertad de expresión, como ocurre en Francia o el Reino Unido, que incluyen en la seguridad la vigilancia masiva de comunicaciones sin necesidad de que lo autorice un juez, lo que equivaldría a una detención masiva de miles de personas sin autorización judicial, ha valorado.

Estas medidas de vigilancia, que en España de momento sí que requieren supervisión, tienen que ser "excepcionales" porque, si se consolidan, pueden coartar la libertad de expresión, ha recalcado, y ha añadido que aún está por ver qué pasa con los datos intervenidos.

PIDEN REFORMAR LA CONSTITUCIÓN

Otra situación que ha llamado a evitar es "la violación de los derechos humanos que ha ocurrido durante la crisis económica", en la que se han realizado cerca de 400.000 ejecuciones hipotecarias, y que si bien no se tienen datos de cuantas eran primera vivienda, ha lamentado que el derecho a la vivienda no tiene prioridad y se han visto afectados centenares de miles de personas.

Beltrán ha recordado la reforma de la constitución española que pidió AI junto a Oxfam Intermón y Greenpeace el pasado julio, y ha apostado por modificar el articulo 53, que establece un tratamiento desigual e insuficiente de los derechos humanos.

Además de apostar por esta reforma constitucional a largo plazo --para mejorar garantías de protección de los derechos humanos e incluir otros que no están recogidos actualmente--, ha observado que se podría cambiar la ley de enjuiciamiento civil para evitar los desalojos forzosos, a corto plazo.