BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Barcelona ha adquirido la masía de Can Fargas del distrito de Horta-Guinardó por cinco millones de euros tras unos diez años de reivindicación vecinal. El Consistorio la rehabilitará para convertirla en el conservatorio de música de Horta y abrirá los jardines al público, una acción muy esperada por los vecinos.
El alcalde, Jordi Hereu; la concejal de Horta, Elsa Blasco, y representantes de todos los grupos políticos excepto el PP visitaron hoy la casa en la avenida Frederic Rahola acompañados de más de una treintena de vecinos, que no dudaron en andar por los caminos del jardín bajo la lluvia, ya que muchos no habían podido entrar nunca.
El presidente de la Asociación de Vecinos de Font d'en Fargas, Lluís Vila, dijo que ha sido "difícil" conseguir su objetivo ante querellas judiciales que ganaron y amenazas, y defendió que la sociedad civil también ejerce de político. Urgió al alcalde a rehabilitar la finca, con 4.880 metros cuadrados, para el disfrute cotidiano de los vecinos.
Hereu afirmó que la adquisición, por la vía de la expropiación y que firmó ayer el teniente de alcalde Ramon García-Bragado, es "un punto y seguido" que llevará a adaptar al siglo XXI la masía, cuyo origen se remonta al XI. Destaca su altura respecto a los alrededores, y una torre románica con restos de pintura decorativa únicos en Barcelona.
Paulina Almerich, nacida hace casi 89 años en la avenida Frederic Rahola, pasaba cuatro veces al día ante la masía desde que tenía tres años para ir a colegio. "Pensaba: ¡Ay si pudiera correr por los jardines!", explicó a Europa Press rememorando su infancia mientras los visitaba por primera vez, pese a ser coautora de un libro de historia del barrio.
Quien sí pudo entrar cuando era joven fue Pilar Rull, de 73 años, a quien los masoveros de la casa le dejaron colar. Por ahora, el Ayuntamiento estudiará el estado de conservación del edificio y concretará el proyecto del conservatorio, cuyo espacio será insonorizado y acogerá a 400 alumnos y 20 profesores.
La casa era propiedad de la empresa Unicompta, que defendía crear en la masía una escuela de hostelería, un restaurante, una residencia de ancianos y un aparcamiento, mientras que los vecinos, con el apoyo desde 2003 del Gobierno municipal y de los grupos de la oposición, defendían convertir el edificio en un equipamiento público para el barrio.