Barcelona crea una Oficina para la Transparencia

Abrirá un Buzón Ético para recibir quejas ciudadanas, que pueden ser anónimas

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este jueves la creación de la Oficina para la Transparencia y las Buenas Prácticas para luchar "contra la corrupción y acabar con espacios opacos", ha explicado en rueda de prensa el teniente de alcalde, Jaume Asens.

"Queremos comprometernos en la limitación de mandatos y levantar la bandera de la regeneración democrática", ha dicho Asens, que también ha remarcado la voluntad del consistorio de acabar con las puertas giratorias, yendo más allá de lo que exige la Ley de Transparencia para tratar de ser un ejemplo en el mundo, ha dicho.

Su intención es fortalecer el prestigio y la integridad del Ayuntamiento de Barcelona comprometiéndolo con los valores de "honestidad y transparencia, y el principio de prevención de control democrático y rendición de cuentas".

De este modo, la nueva Oficina --situada en el Área de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Transparencia-- tendrá una Dirección para la Transparencia y las Buenas prácticas, a cargo de Joan Llinares.

Paralela a la dirección, un máximo de 12 profesionales --miembros destacados de la sociedad civil y con cierto prestigio-- conformarán un Consejo Asesor para la Transparencia.

TRES SUBÁREAS

La Oficina estará dividida en tres subáreas: una Dirección de Análisis --de investigación de posibles malas praxis--, un Departamento de Transparencia --para el desarrollo institucional de la transparencia y fortalecimiento del prestigio de la administración-- y una Dirección de Control de Gestión --encargada de analizar la buena gestión a través de un seguimiento--.

Las diferentes subáreas estarán formadas por una red de 56 trabajadores procedentes del ámbito funcionarial, "con un currículum impecable y una conducta ética y responsable", y se encargarán de analizar internamente situaciones como conflictos de intereses y tráfico de influencias.

Toda esta red permitirá la participación ciudadana mediante el establecimiento del Buzón Ético, un sistema de alerta ciudadana sujeto a los servicios de análisis que permitirá a los vecinos hacer llegar sus quejas y poner sobre la mesa situaciones irregulares incluso de cargos electos, dando sus datos de contacto o incluso anónimamente para "evitar amenazas, represalias y proteger las fuentes".

Llinares ha explicado que su despliegue está basado en los principios de participación y transparencia, cuyo reglamento se está elaborando este mismo jueves, y no entrará en vigor rápidamente, sino que estará expuesto 'on line' durante 30 días para que cualquier ciudadano pueda contribuir con sugerencias.

"Lo pondremos en conocimiento de otras instancias o grupos que pueden tener intereses en hacer aportaciones para que el debate que se genere sea un debate rico y amplio", ha dicho Llinares, para que al final la norma aprobada recoja el planteamiento del consistorio y de todos los que hayan querido participar.

Ha sido el propio personal del consistorio y no consultorías externas las que han desarrollado la oficina, y el proceso de formación de los departamentos se hará con funcionarios en base a "méritos, igualdad y concurrencia", de modo que no habrá ampliación de plantilla.

Concretamente, se encuentra en una fase final la conformación de la Dirección de Control de Gestión y la Dirección de Análisis, mientras que ya funciona el Departamento de Transparencia: "Su fructífero trabajo ha permitido que el Ayuntamiento cuente con una red de transparencia de mas de 50 personas".

También ha participado en la configuración de esta oficina la activista Simona Levi, que ha asegurado: "Queremos apoyar, no una situación de delación, sino romper el techo de cristal que hay para la ciudadanía".

Por su parte, el exdiputado de la CUP en el Parlament David Fernández, también partícipe del proyecto, ha cargado contra el 'capitalismo de amigos', y ha remarcado la incidencia de la corrupción en la ciudad: "Recordemos el caso con el caso Palau, el caso Hacienda y el caso Ciutat Vella, el caso José Mestre y las irregularidades contables de 2004".