El Congreso rechaza que el catalán sea un requisito para jueces o fiscales que trabajan en Catalunya

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha rechazado una proposición no de ley presentada por CiU en la que se reclamaba que el conocimiento del catalán sea considerado un requisito para los jueces, fiscales y el resto de personal de la Administración de Justicia que presta servicios en Catalunya.

La Cámara Baja ha tumbado esta iniciativa que instaba al Gobierno a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y que ha contado con el apoyo de CiU, PNV y Compromís.

El grupo proponente ha rechazado una enmienda del PSOE que apostaba por elaborar programas de aprendizaje de las lenguas cooficiales y seguir considerando un mérito su conocimiento de la lengua cooficial, según ha defendido el socialista Juan Carlos Corcuera.

El PNV, por boca del parlamentario Emilio Olabarria, ha dado su apoyo a la propuesta del grupo catalán al entender que la normalización lingüística es la "gran asignatura" pendiente del poder judicial.

Desde el PP, el diputado Jaime de Olano ha justificado el rechazo de su grupo a la proposición en que la jurisprudencia establece que el castellano debe ser la única lengua que los españoles están obligados a conocer y que el dominio de una lengua cooficial es solo un mérito para no producir "discriminaciones".

En su intervención, el portavoz de Justicia de CiU, Jordi Jané, ha pedido que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial en este sentido y ha defendido que los notarios, los registradores o el personal de la Administración de Justicia debe dominar el derecho propio y garantizar que los ciudadanos puedan utilizar "con normalidad" las lenguas cooficiales.

Jané considera que la lengua no puede ser "un motivo de exclusión" en las relaciones de los ciudadanos con la Administración y recuerda que los actos jurídicos realizados en catalán tienen "plena validez y eficacia".

Es por ello por lo que el nacionalista catalán subrayaba en su iniciativa que la Administración debería "velar" por el cumplimiento de esta legalidad y "articular" su funcionamiento en cualquiera de las lenguas oficiales.

En este punto, ha destacado que, según el Estatut, los jueces y magistrados, fiscales y el personal al servicio de la Administración de Justicia tienen la obligación de acreditar un nivel de conocimiento "adecuado" de las lenguas oficiales para prestar servicios.

LA REALIDAD ES OTRA

Sin embargo, el también vicepresidente cuarto del Congreso apuntaba que la realidad demuestra que la utilización de las lenguas propias y oficiales en el ámbito judicial "dista mucho de ser homologable" al previsto en otros estamentos públicos.

Pese a que la Ley Orgánica del Poder judicial valora como mérito el conocimiento de la lengua propia de las comunidades autónomas, el diputado catalán recalcaba que ello "no contribuye garantizar el derecho efectivo a su uso".

De ahí que CiU insistiera en su proposición no de ley en la necesidad de realizar una nueva redacción de aquellos preceptos de la citada ley que se refieren a las lenguas cooficiales en el ámbito judicial con el fin de que su conocimiento sea un requisito para garantizar su uso en las autonomías con más de una lengua oficial.