Entidades llevarán al Síndic 40 casos de desatención sanitaria fruto de una instrucción del Govern

La PasuCat exige revisar la universalización del sistema porque consolida un "apartheid sanitario"

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las 35 entidades sociales que conforman la Plataforma para una Asistencia Sanitaria Universal en Catalunya (PasuCat) han exigido este jueves al Govern que revise la instrucción de 2012 aprobada para contrarrestar el decreto ley estatal de regulación sanitaria, que supuso la eliminación de determinadas prestaciones a las personas no aseguradas, al detectar 40 casos individuales en los que se ha producido una "vulneración de derechos", que llevarán al Síndic de Greuges.

En rueda de prensa de valoración del primer año de la PasuCat, la plataforma ha asegurado que estos casos son solo "la punta del iceberg", ya que tienen que ver con el desconocimiento y la falta de redes de apoyo, y aunque algunos ya han sido solucionados responden a tipologías diversas en las que el perfil de ciudadanos de la Unión Europea (UE) es el más numeroso.

La presidenta del Comité Primero de Diciembre, Montse Pineda, ha asegurado que la instrucción aprobada por el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) "ha cronificado el apartheid sanitario en Catalunya", y han acusado de esta práctica especialmente al Hospital Clínic de Barcelona, aportando fotografías del centro en las que se reclama el pago de la atención en urgencias de los ciudadanos sin cobertura sanitaria --unos carteles que ya han sido retirados--.

La médica del Foro Catalán de Asistencia Primaria (FoCap) Blanca de Gispert ha lamentado que la instrucción 10/2012 del Govern ha vinculado el derecho a la asistencia sanitaria con el empadronamiento, y eso ha dado lugar a "situaciones de desatención" y un retroceso de los derechos, ya que la normativa catalana es arbitraria y se aplica de forma diferente en cada centro sanitario.

La PasuCat ha creado un registro de los casos observados con la intención de darlos a conocer, y así presionar para que el derecho a la salud sea respetado y sirva para sensibilizar a los profesionales y presionar a las autoridades para modificar la instrucción, ya que además tiene un rango normativo menor.

Pineda ha considerado que la plataforma ha sido paciente hasta la fecha, ha obtenido respuestas de buena voluntad en las diversas reuniones mantenidas con el Ayuntamiento de Barcelona y el CatSalut, pero ahora es el momento de dar "un paso adelante y decir basta" porque los casos se siguen sucediendo.

La presidenta del comité ha criticado también que el conseller de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, sufre de "disonancia cognitiva", porque a pesar de asegurar que Catalunya no aplicó el decreto de la ministra Ana Mato y garantiza la cobertura pública y universal, en realidad es la instrucción sanitaria la que ha originado esta indefensión.

Además, ha afeado que dos años después del real decreto y la instrucción no se ha presentado ningún informe sobre el impacto económico y humano de las dos medidas, que han reiterado que en el caso de Catalunya el problema viene por la dificultad de conseguir una tarjeta sanitaria individual --accesible para cualquier persona con más de tres meses de empadronamiento en Catalunya--.

La abogada de la Asociación Catalana de Profesionales de Extranjería (Acpe) Alicia Sánchez ha lamentado además que la ley sanitaria "crea dificultades para reagrupar a la familia y mantener la situación de legalidad", dada la dificultad de renovarla una vez obtenida.