La Generalitat y el ICAB firman un protocolo para la orientación jurídica y la defensa de los afectados de Intervida

La Conselleria de Justicia se persona en la causa para "garantizar el interés público"

BARCELONA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat y el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) han acordado la firma de un protocolo para garantizar la orientación jurídica y la defensa de los donantes de la Fundación Intervida que pidan asesoramiento, después de que la juez que investiga la querella por presunto desvío de fondos decidiera la semana pasada intervenir la ONG y otras seis entidades de su entorno y suspender temporalmente a las personas que forman parte del patronato.

La juez de Instrucción número 17 de Barcelona ratificó el pasado viernes a los tres administradores judiciales propuestos por la Conselleria de Justicia para gestionar la Fundación Intervida --Ángel Miret Serra, Dídac Ramírez Sarrió y Maurici Romero Mulero-- e hizo el correspondiente ofrecimiento de acciones, para que puedan personarse en la causa todos los perjudicados, mediante la inserción de anuncios en tres periódicos de ámbito estatal.

Según informó hoy la Conselleria de Justicia, todos aquellos afectados que lo soliciten recibirán un primer asesoramiento letrado, público y gratuito, que consistirá en un consejo orientativo, "no directivo", sobre cualquier cuestión o problema jurídico que se les pueda plantear.

Para garantizar la defensa de los afectados que tengan el derecho a la asistencia jurídica gratuita y que puedan personarse en la causa, el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) les informará de la existencia de abogados especializados en esta materia en sus dependencias ubicadas en el número 344 de la calle València y de lunes a viernes de 9 a 14 horas.

La consellera de Justicia, Montserrat Tura, explicó hoy en rueda de prensa que decenas de afectados, que en todo caso "no llegan al centenar", se han dirigido a la conselleria para reclamar, tanto en persona como por vía telemática. Tura aseguró que no ha habido "una avalancha" de peticiones y que "no estamos ante una crisis de confianza" hacia Intervida, algo a lo que ha contribuido la "celeridad" de la juez.

Tura afirmó también que la Conselleria de Justicia se personó en la causa el pasado lunes "como parte interesada". Según dijo, el objetivo de la Generalitat es "garantizar el interés público", ya que, de esta manera, el Protectorado de Fundaciones podrá mantener un contacto "directo" y "constante" con las actuaciones y comunicarlo a los afectados.

Los nuevos administradores de Intervida, por su parte, enviaron esta semana un mensaje de tranquilidad a los trabajadores y a los colaboradores de la organización y les pidieron confianza, ya que la organización tendrá "una gestión rigurosamente transparente". Además, aseguraron que iniciarán los trámites para que Intervida solicite su ingreso en diferentes plataformas del sector y vuelva a someterse a los controles de la Fundación Lealtad.

SIETE ENTIDADES INTERVENIDAS.

Los administradores, que gestionarán la entidad mientras dure la investigación y hasta un máximo legal de cinco años, garantizarán la continuidad económica de la ONG y velarán por que las donaciones se destinen a fines solidarios, además de evitar la posible destrucción de documentos y de otros medios que pudieran probar una presunta implicación de los querellados en el supuesto desvío de fondos.

La juez cesó, concretamente, a las personas que forman parte del patronato de la ONG y a las juntas directivas de algunas de las asociaciones vinculadas, en las que se dan coincidencias de nombres. Sin embargo, la suspensión provisional de la directiva de Intervida, que cuenta con un presupuesto anual de más de 86 millones de euros, no afecta a las ocho entidades mercantiles que forman parte del extenso entramado del grupo.

Los nuevos administradores gestionarán las siete entidades intervenidas por orden judicial: cinco fundaciones y dos asociaciones. Se trata de la Fundación Privada Intervida y la Fundación Cuna --ambas inscritas en el Registro de Fundaciones de la Generalitat-- y de las fundaciones Metrópoli, Universal y Ecoplanet --inscritas en el Registro de Fundaciones estatal y dependientes de diferentes ministerios en base a su objetivo.

En lo que respecta a las asociaciones, la juez intervino la Asociación para la Ayuda al Tercer Mundo Intervida --inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalitat-- y la Alianza Mundial Intervida --inscrita en el Ministerio del Interior, pero de carácter internacional--, formada por un conjunto de asociaciones y fundaciones del entramado de entidades que forman el grupo.

La Fundación Intervida es la tercera ONG más importante de España, por detrás de Cruz Roja y Cáritas, y cuenta con 346.561 socios, 40.635 de ellos residentes en Catalunya. La entidad obtiene la mayor parte de sus ingresos a través de los apadrinamientos y dispone de cinco delegaciones en países del Tercer Mundo y otras cinco en países desarrollados, además de realizar actividades de cooperación en seis estados de América del Sur y Asia.