El Estado abre la puerta a cambios en la Ley de Servicios Profesionales

Foto: EUROPA PRESS

Este jueves se reunirá una comisión paritaria para discutir las demandas del colectivo

BARCELONA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Economía ha abierto la puerta al Consejo General de Procuradores de España para abordar el futuro de la profesión en caso de que prospere el Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales.

   Este jueves celebrarán una primera reunión para tratar la cuestión que ha puesto en jaque al colectivo.

   Así lo ha anunciado el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, en el marco de un debate organizado por el consejo en colaboración con Europa Press, donde ha mostrado su "satisfacción y alegría" por esta llamada del Ministerio.

   "Se abre una gran puerta a la esperanza que hasta ahora no estaba abierta. Espero que sea la antesala de una negociación fructífera", ha valorado Estévez, que ha explicado que se creará una comisión para estas reuniones con dos representantes del Ministerio y dos del Consejo.

   En su opinión, si el texto se aprobara según está planteado ahora, podría producirse una quiebra del sistema jurídico y se pondría en peligro la distinción "entre los intereses de la justicia y de la parte", perjudicando en último término al ciudadano.

   El anteproyecto contempla eliminar la incompatibilidad de la abogacía y la procura --representación ante los tribunales--, sólo condicionado al despliegue del sistema de notificación electrónica del Ministerio de Justicia y a que los colegios de abogados establezcan su presencia en los salones de notificación de los tribunales, lo que implica un periodo transitorio.

   Desde que se dio luz verde al anteproyecto --que aprobó el Gobierno central el 2 de agosto--, el Consejo General de Procuradores de España ha alertado de las graves consecuencias que podría acarrear para el funcionamiento de la Administración de Justicia, y también para las garantías de tutela efectiva y seguridad jurídica de los usuarios.