BARCELONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
La juez Iris Yassmín Barrios, que condenó a 80 años de prisión al exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt por genocidio y delitos contra la Humanidad, ha asegurado este lunes que el Comité de Coordinación de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financiera (la patronal Cacif) "ordenó" a la Corte Constitucional que anulara la sentencia condenatoria.
En una conferencia del Consejo de la Abogacía Catalana en Barcelona junto a su presidente, Miquel Sàmper, y la presidenta de la Comisión de Justicia del Parlament, Gemma Calvet, la juez ha explicado que en su país hay "poderes económicos y políticos muy fuertes" que consiguieron que la sentencia de un juzgado penal se revocara en la instancia superior en base a errores de procedimiento.
"El sector económico se sintió vulnerado porque la sentencia dijo que había genocidio en Guatemala, pero nosotros juzgamos solo a dos personas --Ríos Montt y el exjefe de la inteligencia militar, que fue absuelto--, no a un país", ha puntualizado.
"Respetamos pero no compartimos" la decisión de la Corte Constitucional, ha declarado la juez, que asegura que la sentencia de su juzgado no tenía errores de fondo y que la condena se basó en hechos probados por los testigos, las pruebas y los peritajes, y que ahora está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
No obstante, Yassmín Barrios --que vive amenazada y bajo protección policial-- ha aseverado que "sí existe la división de poderes" en Guatemala porque, pese a todo, los jueces han podido dictar esta sentencia por genocidio.
Para ella, pese a la decisión del Constitucional, "sí ha existido justicia y sí se ha fortalecido el sistema jurídico", ya que los jueces dictaron sentencia cumpliendo con su deber.
Ha puntualizado que "la Corte de Constitucionalidad no entró a conocer la sentencia. Nadie ha dicho que no esté bien fundamentada, y la sentencia es nítida", ya que son 1.718 folios de trabajo científico y acreditado.
SENTENCIA
La sentencia consideró probado el delito de genocidio y delitos contra la Humanidad por parte del exdictador Efraín Ríos Montt mientras estuvo en el poder de 1982 a 1983, al constatar el plan organizado para exterminar al pueblo ixil porque se le consideraba colaborador de la guerrilla y que había cometido un "delito mortal".
Según ha aseverado, del análisis doctrinario del delito de genocidio y de la prueba practicada se concluyó que durante este periodo se exterminó al 5,5% de la población maya-ixil, y a Ríos Montt se le acusó de la muerte de casi 2.000 personas.
La juez ha explicado que en el juicio quedó probado el ataque violento del Ejército a la población ixil, las violaciones y vejaciones a las mujeres, niños, ancianas, y las violaciones a los derechos humanos, obligando a los hombres a integrarse en las Patrullas de Autodefensa y negándoles todos sus referentes culturales y sociales.
Los diversos peritajes probaron, según ella, la voluntad de destrucción del grupo y el plan sistemático que trazó el dictador: "Quedó comprobado que las acciones violentas eran la concretización de planes elaborados por el Estado para exterminar al grupo étnico".
Además, estos análisis y los testimonios de las víctimas evidencian los traumas, el dolor, la tortura y el terror a los que fueron sometidos, y el "daño generacional" causado.
Para Yassmín Barrios, "las vidas humanas perdidas rebasan todo entendimiento", considera incomprensible que se masacrara a la sociedad civil, y ha destacado que reconocer la verdad ayuda a sanar a las víctimas.
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