Juristas catalanes ven la ley de transitoriedad "incompatible" con un Estado de derecho

BARCELONA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo de juristas catalanes Llibertats ha asegurado este miércoles que la ley de transitoriedad jurídica es "incompatible" con los principios básicos que deben regir en todo Estado de derecho.

En un comunicado, el colectivo de juristas destaca la "imposible homologación jurídica a un estado de derecho" de la iniciativa legislativa impulsada por JxSí y la CUP, algo que basa en la subversión del principio de jerarquía normativa.

"Pretender que una norma aprobada por un parlamento autonómico prevalga jerárquicamente y contradiga frontalmente normas de rango superior supone quebrar uno de los pilares fundamentales de todo estado de derecho", asegura, y advierte de que eso está fuera de la legalidad española y también de la europea e internacional.

Considera que la norma que debe dotar de un corpus legal temporal a Catalunya en caso de que gane la independencia en el referéndum del 1-O llevaría a la comunidad hacia un "estado autoritario y populista".

Según Llibertats, el modelo de estado que se propone "degrada" la separación de poderes, porque permite que una mayoría parlamentaria, que tachan de no reforzada, controle el gobierno del poder judicial, un Tribunal Supremo, una Sindicatura Electoral y una Sala de Garanties --como un Tribunal Constitucional catalán--.

Tilda de populista al estado resultante de la norma porque se prevé un Foro Social formado por entidades de la sociedad civil que deben proponer las preguntas a la ciudadanía para diseñar la constitución catalana.

"Sólo cabe entender que las entidades serán nombradas directa y discrecionalmente por el propio poder ejecutivo", lamentan.

Creen que la norma tiene un carácter más propagandístico que jurídico cuando se habla de la aplicación del derecho de la UE, sin tener en cuenta que, "al menos con total seguridad en la fase transitoria que pretende regular, la norma quedaría fuera" de la Unión.

Critican que se plantee la subrogación del futuro estado catalán en los tratados internacionales en los que España es parte, "sin tener en cuenta las restantes partes de dichos tratados".