SABADELL (BARCELONA), 3 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Sabadell ha iniciado el procedimiento para sancionar a las compañías suministradoras que incumplan el protocolo de garantía a las personas y familias vulnerables, según ha informado este viernes en un comunicado.
Una garantía incluida dentro de la Ley 24/2015 de emergencia habitacional y pobreza energética --en el artículo 6.4 que recoge la obligatoriedad de las compañías a solicitar un informe a los servicios sociales para comprobar si son casos de riesgo de exclusión residencial-, que no ha sido suspendida por el Tribunal Supremo (TS).
Además el consistorio se ampara en los preceptos del Código de Consumo de Catalunya y dentro del marco competencial que otorga a los municipios la potestad sancionadora en materia del consumo y en defensa de los consumidores, que pueden comportar multas comprendidas entre los 10.000 y 100.000 euros.
En este sentido, el procedimiento se articulará con un inicio de oficio de la sanción con toda la documentación de servicios sociales que se remitirá a consumo, incoación del expediente sancionador, práctica de pruebas y formulación de pliego de cargos, formulación de alegaciones y proposición de prueba para la empresa administradora, formulación de propuesta de resolución --si se da el caso-- y resolución sancionadora y notificación.
El alcalde de Sabadell, Juli Fernàndez, ha señalado que es una reafirmación del compromiso del equipo de gobierno para desplegar esta normativa catalana y ha añadido que "se usarán todos los recursos y mecanismos que están al alcance" para proteger a la gente más vulnerable, por su parte, el concejal de Acción Social, Gabriel Fernàndez, ha apuntado que la ciudad tiene constatados 243 casos en los que se ha incumplido esta ley.
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