Artur Mas, Ortega y Rigau, imputados por la consulta del 9N

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha citado a declarar como imputados al presidente de la Generalitat, Artur Mas, a la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y a la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, por la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre. Artur Mas tendrá que declarar en persona y no por escrito.

En una providencia recogida por Europa Press, la Sala Civil y Penal del TSJC llama para interrogar a Mas a las 10 horas del jueves 15 de octubre y dos días antes, el martes 13 de octubre, a Ortega y Rigau.

El TSJC también ha llamado a declarar el lunes 19 de octubre a cinco testigos que había solicitado la Fiscalía, entre ellos, al responsable técnico informático que asumió la coordinación y dirección de los servicios prestados por el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).

La citación de Mas ha llegado después de que a finales de 2014 el tribunal admitiera varias querellas por el 9N, entre ellas la de la Fiscalía por supuestamente haber desobedecido al Tribunal Constitucional (TC) al organizar la consulta sobre la independencia.

Les acusaba concretamente de haberse "negado abiertamente a dar el debido cumplimiento a una resolución emanada del máximo intérprete de la Constitución", al organizar este proceso participativo pese a la suspensión decretada por el TC.

En su escrito, la Fiscalía consideró que los ahora imputados sabían que la consulta prevista inicialmente --primero-- y el proceso participativo --después-- habían sido suspendidos, y aludió a estas declaraciones de Mas: "Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios que me miren a mí, el responsable soy yo y mi gobierno".

"PLANIFICADA Y FINANCIADA"

La Fiscalía que no es necesario que la negativa del Govern a cumplir la decisión del TC fuese expresa, sino que "esa voluntad puede deducirse, tanto en comportamientos activos como omisos, expresos o tácitos", recogía el escrito.

También insistía en que fue "una consulta planificada, auspiciada y financiada" por el Govern, que el contenido de la suspensión no dejaba margen a la duda y que, pese a eso, los tres querellados participaron en su fomento de manera personal y directa, decía literalmente.