La Fiscalía ordena al Gobierno de Ceuta vaciar el centro donde acoge a más de 120 Menores Extranjeros no Acompañados

CEUTA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Ceuta, Guillermo Martínez (PP), ha desvelado este viernes que la Fiscalía ha remitido "un auto" a la Consejería de Juventud, Deportes y Menores en el que le emplaza a vaciar el centro de 'La Esperanza', donde la Administración local mantiene acogidos a "entre 120 y 130" jóvenes Menores Extranjeros No Acompañados (MENA), cuyas instalaciones han sido duramente criticadas este año en reiteradas ocasiones por el Defensor del Pueblo.

Según ha explicado Martínez en declaraciones a los periodistas, el Ejecutivo ceutí ha "tomado nota del requerimiento" y está "buscando un nuevo emplazamiento para los MENA", aunque se ha negado a concretar qué opciones se están barajando. Otras fuentes del Gobierno local han explicado a Europa Press que uno de los criterios fundamentales es que el punto de destino de los acogidos no esté cerca de núcleos de población concurridos para "evitar conflictividad social".

Durante el verano, el Ejecutivo que preside Juan Vivas llegó a prometer que antes de final de año 'La Esperanza', un antiguo chalé rehabilitado en 1999 ubicado en una colina de la periferia de la ciudad autónoma, estaría cerrado "antes de final de año". Su plan para lograrlo pasaba por aprovechar el albergue para alojamientos protegidos que el Estado está terminando de construir y reconducir su uso al de centro de menores, algo que el Gobierno de Zapatero le autorizó a hacer.

El mes pasado, sin embargo, la Administración local desechó esa posibilidad después de que varias asociaciones de vecinos se movilizasen en contra del plan y de que se supiese que habilitar el edificio, todavía no estrenado, costaría 1,5 millones. Entonces se recuperó la idea de construir un nuevo centro, proyecto presupuestado en 5 millones de euros que se piensa acometer por la vía de la colaboración público-privada y ejecutar en 2015.

El pasado mes de febrero, el primer grupo de la oposición en la Asamblea, la coalición Caballas, dio a conocer un informe específico del Defensor del Pueblo sobre las instalaciones que ahora se ha mandado clausurar en el que denunciaba que en su interior "no se dan las condiciones mínimas para albergar y efectuar una labor educativa" y que debía "resolverse de modo inmediato la situación en la que se encuentran los servicios".

Igualmente, el Defensor alertaba sobre la falta de puertas en los baños y advertía de la "insalubridad existente derivada de la suciedad que se ha constatado y que resulta inaceptable" en un centro así. "Falta de cualquier intimidad" apreció en "la zona de duchas corridas y abiertas", que "no se estima adecuada teniendo en cuenta, además, las diferencia de edades" entre los residentes.

También se criticó que "la sala de alfabetización es del todo inadecuada para impartir clase" y se instó a colocar las ventanas que faltan "en la zona de observación" para que los menores "puedan proceder a su cierre si lo desean o lo necesitan". Para terminar el Defensor exigió a la Ciudad que informase sobre que la ropa que reciben los menores "es la suficiente" y reclamó que "debe evaluarse si los menores reciben suficiente alimento, habida cuenta de la situación de saturación del centro".