Alcaldes exigen que la deuda local no sea inferior al 3% del PIB y disponer "libremente" del superávit

VALÈNCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unos 70 alcaldes y concejales de varias ciudades y municipios españoles han firmado este viernes la 'Declaración de València', en la que exigen al Gobierno de España que la deuda local se mantenga en un nivel no inferior al 3% del PIB como objetivo a alcanzar en el año 2020, así como que la regla de gasto se aplique a las entidades locales "únicamente en caso de vulneración de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera" y que en caso de que las administraciones municipales obtengan un resultado de superávit "puedan disponer libremente de dicho remanente".

   Así lo han reivindicado este viernes en València durante las Jornadas Municipalistas por una Financiación Justa que se han celebrado desde este jueves en València y que han concluido con la firma de dicho documento por parte de los representantes políticos de ciudades como Barcelona, Madrid, Zaragoza, Málaga, Valladolid, A Coruña o València, entre otros.

   Concretamente, el documento propone que en un contexto de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera con base al principio de lealtad institucional, las entidades locales deberán tener derecho a "acceder al endeudamiento como instrumento complementario para la financiación de sus necesidades de inversión, manteniéndose la deuda local en un nivel no inferior al 3% del PIB establecido por la legislación vigente como objetivo a alcanzar en el año 2020".

   Además, recuerda que la evolución de la deuda de las entidades locales, a partir de 2014, está por debajo de la senda de objetivos y han generado superávit pero, sin embargo, con la regla de gasto se "limita" los recursos. Por ello, propugna que la regla de gasto se aplique a las entidades locales "únicamente en caso de vulneración de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, formando parte del conjunto de medidas preventivas y correctivas que la ley contempla para lograr su cumplimiento".

   De este modo, señala que en la medida que los resultados obtenidos por las entidades locales son de superávit tiene que haber la obligación de destinar los recursos excedentarios disponibles a cancelación de la deuda o del periodo medio de pago a proveedores porque las restricciones a su inversión en cualquier otro tipo de gasto, cuando las entidades no incurren en incumplimientos, constituye "una imposición encubierta de mayores objetivos de superávit y de reducción de deuda frente a los establecidos", manifiesta el documento.

   Así, los alcaldes exigen al Gobierno que las entidades locales que obtengan un resultado de superávit o de capacidad financiera con remanente de tesorería "dispongan libremente de dicho remanente, siempre y cuando no superen los límites en los niveles de morosidad y deuda financiera que la ley establezca, sin que dicha disposición compute a efectos de incumplimiento del principio de estabilidad presupuestar".

SISTEMA DE FINANCIACIÓN "ESTABLE"

   Asimismo, la declaración propone que, dado que los gobierno locales son "entes políticos que prestan servicios públicos esenciales de proximidad", "requieren de un sistema de financiación estable que garantice la cobertura de las necesidades básicas de los ciudadanos en el marco de sus competencias".

   Por tanto, exige "que la reforma del sistema de financiación local no puede verse postergada, ni supeditada a la reforma del modelo autonómico, sino que debe abordarse conjuntamente con éste en el marco de una reforma global de la financiación del sector público".

   Además, la reforma aboga por combinar la presencia de un "espacio físico propio" con impuestos propios y compartidos, tasas, precios públicos y contribuciones especiales que permitan a los gobiernos locales "ejercer su autonomía y corresponsabilidad fiscal con un conjunto de transferencias incondicionales -procedentes tanto de la Administración Centra como de las CCAA-- que tenga por objeto "cubrir la brecha existente y la capacidad fiscal propia".

IBI

   En relación con los espacios fiscales a utilizar por los gobiernos locales, apunta que la propiedad inmobiliaria, tanto que base imponible fijada al territorio, "debería continuar siendo la base nuclear de la fiscalidad local", lo que supone un sistema "ágil de gestión y actualización de la base catastral y la libertad de los gobiernos locales para establecer los tipos impositivos que consideren convenientes".

   En este sentido, apunta que el Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI) debería "flexibilizarse el número de exenciones, bonificaciones y demás beneficios fiscales aplicables a este tributo que erosionen su recaudación y derivarse en su caso al lado del gasto las decisiones de política social tradicionalmente fomentadas por estas medidas".

   Asimismo, los alcaldes consideran "necesaria" una Reforma de la Ley de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos de manera que se evite la utilización de la norma para beneficio injusto de exenciones fiscales". También urgen a revisar el resto de tributos locales para "mejorar su equidad distributiva y la eficiencia de sus objetivos en coordinación con la fiscalidad de las CCAA".

   En lo que respecta al sistema de transferencias, la declaración hace hincapié en "combinar el recurso a las transferencias estatales con las menos desarrolladas transferencias autonómicas. Base de presupuestos preventivos. Asimismo, el documento apunta que los mecanismos de los ingresos a cuenta sobre la base de presupuestos preventivos y las importantes desviaciones han dado lugar a devoluciones relevantes por parte de los municipios y "han deteriorado fuertemente sus capacidades presupuestarias", por lo que aconseja "revisar en profundidad no solo el contenido, sino también la forma de llevar a la práctica esa gestión".

"LA FINANCIACIÓN NO SON NÚMEROS, SINO DE NOMBRES DE PERSONAS"

   La jornada de este viernes han concluido con la intervención de la vicepresidenta de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, quien ha remarcado que una financiación justa para los ayuntamientos y las comunidades autónomas significa "garantizar derechos y que los gobiernos hagan políticas que rescaten a las personas y las pongan en el centro".

   En este sentido, ha puntualizado que cuando se habla de financiación "no estamos hablando de números ni euros, sino de nombres de personas y de la posibilidad de cumplir las leyes y garantizar derechos", ha defendido.

   "Cuestionamos ese dogma neoliberal que durante años se ha instalado en nuestras esferas directivas de la política en el que lo importante era controlar la deuda y el déficit y lo importante es una educación digna y que tengamos una sanidad bien dotada y que la gente en situación de dependencia tenga una respuesta de los poderes públicos. A partir de ahí, toda la acción pública debe encararse al derecho de las personas", ha zanjado Oltra.