VALENCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, ha reclamado al Gobierno central que el dinero para al Comunitat del llamado Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) llegue "esta semana o la que viene" para poder resolver "los problemas de muchos colectivos desfavorecidos" que "no pueden esperar más"
Cabré ha realizado estas manifestaciones en una entrevista en el programa 'Bon Matí' de Ràdio 9, según han informado en sendos comunicados el canal autonómico y la Conselleria de Justicia.
El titular de Bienestar Social ha remarcado que el primer dinero que llegue para su departamento se destinará a estas asociaciones, "que garantizan el bienestar de miles de valencianos". Así, ha reiterado, en relación al FLA, que los gastos sociales serán los primeros que se cubran con este fondo, concretamente Sanidad, Educación y Bienestar Social.
En palabras de Cabré, "la gente tiene mucho aguante y entiende las dificultades, pero llega un momento en que no se le puede forzar más", por lo que ha reclamado al Gobierno central que el FLA llegue "esta semana o la que viene".
DAR "OXÍGENO"
"Los colectivos y las asociaciones no pueden esperar más, hay que darles oxígeno; No podemos permitir que por una cuestión de impagos se genere un daño al Tercer Sector que tan buen servicio presta en la Comunitat", ha razonado.
"No sólo se trata de pagar a empresas, no sólo se trata de satisfacer deudas y ayudar a los bancos, toca ya ayudar a las personas, sobre todo en una época tan complicada en la que lo están pasando mal", ha afirmado el conseller.
Cabré ha dicho que todo es prioritario en su área, desde los menores hasta los ancianos, pasando por los dependientes y los discapacitados, "porque todos tienen el mismo derecho a cobrar". Lo que sí ha aclarado, en materia de dependencia, es la necesidad de hacer el sistema de prestaciones "sostenible" porque no puede ser que una ley no vaya acompañada de un presupuesto adecuado para su cumplimiento.
El conseller ha recordado que el anterior Gobierno socialista dejó pendiente de pago la seguridad social de los cuidadores y dejó un agujero de 800 millones de euros. "La ley de dependencia es una gran ley que realiza una gran función social, pero hay que hacerla sostenible", ha concluido.