Un estudio revela que la Administración ahorraría 55 millones de euros al año en Valencia con la facturación electrónica

VALENCIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Administración ahorraría 55 millones de euros al año en Valencia si los organismos públicos implantarán la facturación electrónica, según los resultados del macro-estudio realizado por Billentis y Ricoh Europa y que se han hecho públicos este martes.

En las conclusiones de este estudio se insta al sector público de toda Europa a adoptar la factura electrónica por el recorte de gasto que supondría. Si todas las administraciones públicas españolas implantaran este sistema de facturación, el conjunto del Estado ahorraría anualmente 1.800 millones de euros, recoge el comunicado de Ricoh Europa.

El estudio elaborado señala al sector público como uno de los mayores en términos de volumen de facturación, dado que entre el 45 por ciento y el 65 por ciento de las compañías suministran bienes o servicios a este sector. El impacto de la implementación de la factura electrónica es "especialmente elevado" si se tiene en cuenta el conjunto de Europa. "Si todos los Gobiernos europeos implantaran ese sistema de facturación, el ahorro ascendería a 40.000 millones de euros", según el informe.

El estudio revela que, aunque se estima que las facturas enviadas electrónicamente por empresas y administraciones aumentarán un 30 por ciento en 2012 con respecto al año anterior, la penetración de este sistema de facturación sigue siendo baja. Solo el 18 por ciento del total de facturas generadas en Europa se enviarán por vía electrónica.

El estudio refleja que se trata de un "nivel mínimo" pese a la intención de la Comisión Europea de que la facturación electrónica sea el método predominante en 2020 y de las acciones que se están implementando a través de la Agenda Digital de la Unión Europea para eliminar barreras y extender la adopción de la factura electrónica.

"OPCIÓN EVIDENTE"

El director de Marketing y Desarrollo de Nuevos Negocios de Ricoh España, Eduard Farga, ha manifestado que en la actual situación de la economía europea y con los gobiernos estudiando constantemente nuevas fórmulas de ahorro, "la adopción de la facturación electrónica es una opción evidente".

Farga ha explicado que son conscientes de que una de las mayores barreras para generalizarla es la gestión del cambio de un sistema basado primordialmente en el papel a uno electrónico. Para el sector público, que trata con miles de proveedores y residentes, es "crucial que este cambio esté bien planeado, comunicado y gestionado", ha agregado.

Para ello necesitan trabajar con un socio que les pueda apoyar en la transición de papel a digital, les ayude a alcanzar los objetivos de la Agenda Digital y a beneficiarse de una forma de trabajar más inteligente.