Familiares del 'padre del Guerrillero' denuncian que el Ayuntamiento de Valencia deniega su exhumación

VALENCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Familiares de Teófilo Alcorisa, más conocido como 'el padre del Guerrillero', han denunciado ante el Síndic de Greuges que el Ayuntamiento de Valencia deniega la exhumación de su cuerpo, que se encuentra en una fosa colectiva en el Cementerio Municipal de Valencia desde 1947. En diciembre de 2009 los hijos de Alcorisa solicitaron su exhumación que, cuatro años después, el consistorio ha rechazado.

El Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica ha explicado en un comunicado que, ante el "desamparo absoluto" por parte del Ayuntamiento, los familiares se han visto "obligados" a recurrir al Síndic de Greuges, cuya queja han presentado este miércoles por carta, en la que han pedido su "intervención" ante la Delegación de Cementerios del Ayuntamiento de Valencia y han presentado un recurso de reposición.

En la carta a la institución, una hija de Teófilo, Pilar Alcorisa, de 67 años, cuenta que su padre fue detenido por la Guardia Civil de Higueruelas y trasladado al centro de detención de Arrancapins de Valencia en el año 1947, y que no fue hasta 60 años después cuando encontraron su paradero.

Así, recuerda pusieron en marcha la recuperación de los restos de su padre cuando apareció una política de apoyo a las actividades memorialistas en 2007, por la que pudieron obtener una subvención del Ministerio de Presidencia para cubrir los gastos de la exhumación.

Sin embargo, "la subvención ha tenido que ser devuelta debido al retardo en la resolución" del Ayuntamiento, ya que según la ley se debía emitir antes de un mes de la petición. Ante esto, la familia ha interpuesto un recurso de reposición ante el Ayuntamiento antes de acudir a la vía judicial.

En 2009 Pilar Alcorisa y su hermano, de 90 años, presentaron un escrito solicitando autorización para la exhumación el cuerpo y su traslado al Cementerio de Burjassot (Valencia), donde se encuentra enterrada la madre y la familia. Meses después, le fue notificada una resolución de la concejala delegada de Cementerios en la que se les requería aportar autorización de la Conselleria de Sanidad, que presentaron en su momento.

Pese a esto, el proceso sigue "bloqueado" y, cuatro años después, se ha denegado la autorización, lo que evidencia el "retardo malicioso" en la resolución, que ha sido rechazada por "motivos ajenos", apunta en la carta al Síndic.

EXHUMACIÓN COMO DERECHO HUMANO

El Grupo para la Recuperación de la Memoria explica que el Ayuntamiento "no cita en ningún momento la Ley de Memoria Histórica y niega toda condición de víctima de persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura".

Asimismo, critica que el consistorio "viola las propias disposiciones de esta Ley y el procedimiento que ésta determina para la localización e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura".

"La exhumación de una víctima de desaparición forzada y enterramiento conforme a sus costumbres y ritos es propia de una sociedad democrática; lo contrario viola los derechos humanos más fundamentales de la persona desaparecida y sus familiares, dos de los cuales ya fallecieron en este tiempo de bloqueo", señala la asociación.

Por ello, pide al Síndic "que tenga en cuenta las recomendaciones que han realizado a España los organismos de derechos humanos de la ONU sobre los derechos de las víctimas de desaparición forzada".

El caso fue denunciado ante el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la ONU, que transmitió al Gobierno en diciembre de 2013 "su deseo de que se llevaran a cabo las oportunas investigaciones para poder esclarecer el destino y paradero de la persona desaparecida y proteger sus derechos", pero "hasta hoy la actuación de la Administración Pública se ha limitado a dilatar el procedimiento y denegar la exhumación".

Ante ello, el despacho de abogados de Baltasar Garzón, ILOCAD, ha aceptado llevar este caso, por lo que "agradecen" al magistrado "su ayuda" y reiteran su "determinación de llegar hasta donde sea preciso", ya que "se pasan por alto la Ley de Memoria Histórica y las obligaciones internacionales que ha contraído de España".