Un grupo de trabajadores de FGV le envía una carta a Bonig en la que le dicen que "sobran trenes y no personas"

VALENCIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de unos 200 trabajadores de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) han enviado una carta abierta a la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, en la que entre otras cosas, le han recordado que "lo que sobran son trenes y no personas", y que la empresa pública de transportes ha "despilfarrado" 178 millones de euros en los últimos años en unidades ferroviarias "a las que les quedaban más de 20 años de vida" y en el coste de su instalación.

FGV se encuentra dentro del proceso de negociación del expediente de regulación de empleo que afectará a 450 trabajadores de los casi 1.800 que tiene la empresa pública de transportes. En la carta también se recuerda que con ese "dinero malversado se podría pagar la nómina durante más de diez años a los 450 trabajadores que se piensa despedir".

Este grupo de trabajadores de FGV han destacado que la "gravedad" de la medida política que se ha tomado "marcar nuestras vidas para siempre" ya que cientos de familias "serán condenadas a un futuro de incertidumbre laboral y precariedad económica".

Esta decisión política viene marcada por unos gobernantes "que han determinado extinguir el sector público valenciano y castigar con sádica violencia a unos trabajadores que no tienen responsabilidad alguna en el desastre que esos mismos políticos han ocasionado".

En la carta también se apunta a que el Metro está en "peligro de extinción" porque no se puede despedir a cientos de trabajadores de una empresa pública en plena expansión de líneas y servicios y "pretender que aquí no ha pasado nada con esa reducción brutal de la plantilla".

"FGV queda herida de muerte", han añadido, al tiempo que se han preguntado "para qué quieren 62 trenes y tranvías nuevos si van a suprimir servicios y recortar más de 500.000 kilómetros de viajes".

1.100 MILLONES DE EUROS DE DEUDA

En la carta, los trabajadores reconocen que la empresa tiene una deuda de 1.100 millones de euros debido a los numerosos "escándalos multimillonarios que ahora se están descubriendo y que son fruto de la pésima gestión de la anterior gerente", entre otros motivos.

Los trabajadores consideran que el objetivo final del ERE y de está "ardua tarea de demolición, es la privatización". En la carta recogen que "primero se renueva completamente el parque móvil e instalaciones con el dinero de los valencianos, después llevan a la empresa a la quiebra, más tarde reducen la plantilla y por último, mediante el convenio colectivo se imponen "reducciones demenciales de derechos laborales y salarios. "A partir de ahí el Metro está listo para ser entregado a sus empresarios afines y que estos se lucren explotando a trabajadores y usuarios", han indicado en la carta.