Movimiento contra la Intolerancia estima de 400 a 600 incidentes relacionados con delitos de odio en la Comunitat al año

Detecta "eclosión salvaje en internet" de discursos de odio y exige a las instituciones que actúen de oficio "antes de que haya víctimas"

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Movimiento contra la Intolerancia ha registrado 87 incidentes relacionados con delitos de odio en la Comunitat Valenciana a lo largo de 2017, --55 en Valencia, 17 en Castellón y 15 en Alicante--. Estas cifras, sin embargo, no representan la realidad, ya que la Unión Europea estima solo se denuncia el 20% de los casos, de modo que en la región valenciana se producirían entre 400 y 600 incidentes al año, más de la mitad en la provincia de Valencia.

Así se desprende del 'Informe Raxen' anual que ha dado a conocer este viernes el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, en rueda de prensa. Cuantitativamente, los incidentes registrados por la organización --con contacto directo con las víctimas-- son similares a los de 2016, y de nuevo, la Comunitat Valenciana se sitúa entre las regiones "a la cabeza" en este tipo de incidentes, junto a Madrid, Cataluña y Andalucía.

Más allá de los datos numéricos, Ibarra ha llamado la atención sobre las "muchas agresiones" que se han producido en la Comunitat y ha alertado sobre un "clima de intolerancia, con un repunte de la islamofobia", especialmente tras los atentados de Cambrils y Barcelona el verano pasado.

En este sentido, el presidente de Movimiento contra la Intolerancia ha subrayado un problema creciente que no recoge el informe: "la eclosión salvaje en internet del discurso del odio, humillante, vejatorio y atentatorio contra la dignidad de las personas", que se observa hacia inmigrantes, instituciones o personas que tienen ideologías contrarias a quien lo emite.

"Sabemos la propaganda siempre precede a la acción", ha avisado, por lo que ha reclamado que "se rastree bien lo que está pasando en internet y en las redes sociales", ya que "la mayor parte tienen una "base organizada y si tienen una base organizada es que hay grupos neonazis y grupos neofascistas operando en la Comunitat Valenciana".

UNA LEY VALENCIANA FRENTE A LA "IMPUNIDAD"

Así ha reclamado a las instituciones políticas, judiciales y policiales que sean "proactivas" frente a la "impunidad" de la que gozan estos hechos y actúen "de oficio" para investigarlos: "No esperen a que haya una víctima para intervenir", ha remarcado.

Es más, Ibarra cree que el Gobierno valenciano "no debe esperar" a lo que haga el Gobierno central y le ha instado a elaborar una Ley contra toda forma de discriminación que pueda desembocar en delitos de odio. "Si espera a que el Parlamento español se aclare, la perspectiva es inquietante", ha apuntado.

También ha abogado por la "educación" temprana en la tolerancia en los centros educativos y por impulsar un plan de protección de las víctimas.

Y es que según ha avanzado, el próximo informe reflejará todavía más agresiones, dado que "este verano se han registrado muchas agresiones", no solo a personas y a colectivos vulnerables, también hacia las asociaciones que las defienden.

"LOS ULTRAS SALEN DEL ESTADIO"

El informe destaca que en 2017 se han producido en la Comunitat Valenciana muchas agresiones (40 recogidas), mucha incitación a la violencia, signos de polarización en el ámbito de la xenofobia y el racismo y, en el ámbito del fútbol, una presencia activista ultra con agresiones en categorías inferiores. También aparece una intolerancia violenta, un "matonismo", que "en determinados escenarios y sin venir a cuento se provoca una agresión", ha apuntado Ibarra.

Además, el documento pone de relieve que "los ultras han salido del estadio y son capaces de atacar una manifestación", lo que según Ibarra, es "un cambio cualitativo y una politización extraordinaria del grupo ultra del fútbol" que "tiene un componente ideológico".

A su entender, "los ultras no deberían de existir y si existen no deberían salir del estadio salvo para irse a su casa pero nos encontramos con que son capaces de organizarse y en una formación muy agresiva atacar a una manifestación".

De hecho, Movimiento contra la Intolerancia está personada como acusación popular por las agresiones producidas en la pasada manifestación del 9 d'Octubre. En la causa, ahora en fase de instrucción, acudan de desórdenes públicos, asociación ilícita y de quebrar el derecho a la manifestación.

Precisamente, preguntado por la celebración del próximo 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, en la que se han autorizado diversas manifestaciones y concentraciones, entre ellas a formaciones como España 2000, ha querido dejar claro que el derecho de manifestación es "legítimo, incluso de manifestaciones que no nos gustan".

Ahora bien, ha pedido a Delegación de Gobierno que "tome medidas cautelares para realizar una intervención si se producen actuaciones delictivas" y se ejerce el derecho a manifestación "conculcando libertades y derechos de los demás, es decir, insultando, vejando injuriando, amenazando y confluyendo coactivamente contra otra manifestación", como ocurrió el año pasado.

"EMPEZAR LA CASA POR EL FINAL"

Respecto al plan del Ministerio del Interior para reinsertar agresores por delitos de odio, Ibarra cree "lo primero debe ser proteger a las víctimas y a las asociaciones que las defienden con un plan de intervención y luego a la reinserción del delincuente".

A su entender, "empezar por plantearse reunir a condenados de delitos de odio con víctimas, es empezar la casa por el final". En estos momentos, ha dicho, el Estatuto de la Víctima "no está bien aplicado" y "echamos en falta un enfoque victimológico" que ponga a la víctima en el centro y se ocupe de sus necesidades psicológicas y de los problemas de represalias, porque suele haber bastante agresión organizada".

"EL LÍMITE A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ES EL DISCURSO DEL ODIO"

Por último, preguntado sobre la posibilidad de que el Gobierno regule la libertad de expresión, como apuntó la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, Ibarra ha señalad que "no podemos polarizarnos entre limitar la libertad de expresión o el todo vale" y se ha remitido a la definición del 'discurso del odio' acuñada en 1997 por la Unión Europea. A su entender, "el límite de la libertad de expresión es el discurso del odio", ha concluido.