Los padres advierten del posible aumento de denuncias para paralizar la custodia compartida con la futura ley valenciana

Piden que se elimine el control periódico del juez en casos de custodia compartida y que exista una liquidación de gananciales

VALENCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Valenciana por la Igualdad y la Coparentalidad 'Pare i Mare' ha advertido, ante el proyecto de la Ley Valenciana de Custodia Compartida, del posible incremento de denuncias interpuestas en los juzgados por parte de progenitores para paralizar este tipo de custodia. Por este motivo, la entidad solicita una modificación de la normativa.

Así lo ha indicado el presidente de esta federación, David Ferrer, en una rueda de prensa, en la que ha estado acompañado, entre otros, por el portavoz de la entidad, Rafael Rodrigo; los juristas Teresa Gómez y José Rico, y la psicóloga de la asociación, Eva González.

Ferrer ha explicado que uno de los puntos más "conflictivos" que contempla la futura norma valenciana es el artículo 4.6, que trata sobre medidas judiciales y expone que no se procederá a la atribución de un régimen de convivencia a uno de los progenitores cuando esté incurso en un proceso penal, o cuando existan indicios fundados de violencia doméstica o de género que puedan poner en situación de riesgo a las posibles víctimas.

De este artículo se derivan, según ha dicho, dos "importantes" fallos. El primero es que prevé impedir la convivencia con los hijos por estar inmerso en un proceso penal en lugar de hablar de un proceso finalizado con sentencia firme. De esta manera, ha lamentado que se establece que el cumplimiento de la pena tenga lugar antes de estar juzgado el delito.

Este hecho provoca que se utilice la denuncia de maltrato --y con la ley valencia "quizá se tiente a interponer más denuncias para bloquear el proceso-- para iniciar procesos penales y, de esta manera, impedir la convivencia con los hijos. Además, estos procesos penales "para más enjundia" son remitidos directamente a los tribunales especiales de violencia contra la mujer --que son los que resuelven sobre la custodia de los hijos y otros aspectos del divorcio--, en lugar de a los tribunales ordinarios.

El segundo punto se refiere a los "indicios fundados de violencia". Ferrer ha explicado que sólo con indicios, aunque se les califique de fundados, no se puede establecer la pena de exclusión de la convivencia con los hijos, sino que "en cumplimiento del principio constitucional de presunción de inocencia, los hechos deben estar probados y juzgados con una resolución judicial y sentencia firme".

En ambos planteamientos "existe un olvido del derecho que tiene el menor a convivir con sus dos progenitores y a que no se les criminalice sin haber sido probado el delito", ha señalado Ferrer. En cualquier caso, ha recordado que si la situación lo requiriese existen otros procedimientos como son los puntos de encuentro para hacer posible el cumplimiento de este derecho.

Así, tanto Ferrer como la jurista Gómez han solicitado que la ley, para contemplar el bloqueo de la custodia compartida, se debería regir por existir una sentencia firme, con un juicio justo, o por haber indicios "totalmente" firmes respecto a, por ejemplo, delitos de homicidio, asesinato o abuso sexual.

Otro de los puntos "negativos" que contempla la normativa, según ha indicado el presidente de la federación, es que el juez pueda establecer un control periódico de la situación familiar y, a la vista de los informes, determinar un nuevo régimen de convivencia.

La entidad entiende que este hecho podría abocar a los padres y madres separados a una judicialización anual de su caso, dejando un conflicto abierto mientras los niños no cumplan la edad que se establece como máxima. Ferrer ha indicado a este respecto que se debe eliminar esta propuesta porque le concede a juez "toda la potestad" para decidir sobre la custodia y hacer variaciones en función de las circunstancias de cada caso.

Junto a ello, la entidad se ha mostrado en desacuerdo con el punto de la ley que regula la atribución del uso de la vivienda y del ajuar familiar, tema sobre el que consideran que se debería, por regla general, proceder a la disolución y a la liquidación de los gananciales, incluida la vivienda familiar. Y sólo en casos especial dejar al juez que asigne la atribución de la casa "por un plazo de tiempo definido", ha puntualizado.

La federación, ante estas discrepancias con la normativa, está remitiendo a todos los grupos políticos de las Corts su propuesta de anteproyecto de ley reguladora de la custodia compartida, con el objeto de que se pueda debatir en la cámara valenciana.

ACTOS PARALELOS

Rafael Rodrigo ha indicado que paralelamente a la propuesta de la federación para la nueva ley valenciana, la federación llevará a cabo dos campañas. La primera, bajo el nombre de 'Una custodia compartida sin trampas', que consiste en un plante ante las Corts hasta que se promulgue la ley; y la segunda, 'Pide custodia compartida por Navidad', que se realizará el 28 de noviembre para pedir al PP que "cumpla con sus promesas" y estas navidades "ya se cuente con la nueva ley".