Presidentes de TSJ ven difícil investigar unos hechos cuyos autores están 'notoriamente' fallecidos

VALENCIA, 19 Nov. ( De la enviada especial EUROPA PRESS Cristina Gallardo) -

Presidentes de cinco tribunales superiores de justicia (TSJ) --Comunitat Valenciana, Cataluña, Zaragoza, Santander y Castilla y León-- se refirieron hoy al auto por el que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se inhibe de instruir las desapariciones durante la Guerra Civil y el Franquismo en favor de los juzgados territoriales, y coincidieron en destacar la dificultad de mantener abierta la investigación de unos hechos cuyos presuntos autores están notoriamente muertos.

Todos ellos, que asistieron hoy en Valencia a las Jornadas Nacionales de Justicia y Comunicación que organiza el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), eludieron aventurar lo que harán los jueces competentes en cada uno de los 26 territorios donde Garzón ha enviado la causa en relación con las fosas halladas, si bien coincidieron en que la justicia penal precisa de la existencia de un delito y de un posible autor del mismo al que poder sentar en el banquillo.

Así, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, María Eugenia Alegret, dijo que "si los autores están muertos para Madrid, también lo estarán para Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona", aunque cada juez deberá resolver lo que considere y decidir, primero, si acepta la competencia o plantea un incidente por este asunto ante un tribunal superior y, en segundo lugar, si archiva la causa o sigue adelante con la instrucción.

Más contundente se mostró el presidente del TSJ de Castilla y León, José Luis Concepción, quien dijo que, con su resolución de ayer, Garzón "está reconociendo el error cometido al incoar un procedimiento que no debió haberse incoado"; ya que sin responsable penal no existe el delito.

Agregó Concepción que este asunto debería ventilarse "en el ámbito político o administrativo", no en el judicial, y que la decisión de Garzón provocará la revisión del caso en cada uno de los órganos territoriales en favor de los que se ha inhibido.

El presidente del TSJ de Aragón, Fernando Zubiri, señaló que el juez lo que tiene que valorar es si existe un hecho delictivo y si hay una persona a la que pueda imputarsele, "y si esa persona está notoriamente fallecida no podría seguir investigándose la causa", apuntó.

Finalmente, el presidente del TSJ de la Comunitat Valenciana, Juan Luis de la Rúa, recalcó que los jueces penales están para investigar delitos, "no situaciones". "Cuando hay un delito en el que el presunto responsable ha muerto, se archivan, sino, qué estamos haciendo", se preguntó De la Rúa.

Por su parte, el juez decano de Madrid, José Luis Armengol, dijo estar convencido de que la decisión de Garzón provocará una dispersión de actuaciones en los diferentes territorios. Así, algunos procederán a archivar la causa, otros seguirán adelante con ella y también cabrá la posibilidad de mantener la causa abierta "forzando la vía administrativa y aplicando el principio de mínima intervención del proceso penal", para poder realizar las exhumaciones que, al fin y al cabo, constituyen "la gran pretensión" del proceso.

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Dívar, que inauguró estas Jornadas para jueces y periodistas, eludió pronunciarse sobre este asunto al concluir el acto. Señaló que sería "poco prudente" hacerlo cuando se trata de "algo que en su día estará todavía sujeto a consideraciones jurídicas" y puede que tenga que ser visto por la Sala de lo Penal del alto tribunal.