TSJCV anula el nombramiento de 34 inspectores de Educación tras denunciar UGT que el tribunal estaba designado "a dedo"

FETE cree que el fallo es un "triunfo del Estado de Derecho" porque la inspección "no puede ser un elemento de control político"

VALENCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sección segunda de sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha anulado el proceso de oposición de inspectores educativos iniciado en 2007 por la Conselleria de Educación al estimar un recurso interpuesto por la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE UGT PV) por considerar que los miembros del tribunal habían sido designados "a dedo" por la Administración.

El fallo --que ha sido dado a conocer en rueda de prensa por el secretario general de FETE UGT PV, Guillermo Martí, el secretario de Enseñanza Pública, José Gil, y el de Relaciones Institucionales, Javier González Zurita-- supone la pérdida de la condición de integrantes del cuerpo de inspectores de Educación para 34 personas, es decir el 22 por ciento del total de la Comunitat Valenciana (que cuenta con 150). Entre los afectados figura la Inspectora General de Educación --"la jefa" de la Inspección en la región-- y algún director territorial, han destacado los representantes sindicales.

UGT recurrió en 2007 la orden de la Conselleria de Educación por la que se convocaban las oposiciones a la inspección argumentando que vulneraba los principios de igualdad, mérito y capacidad al contemplar un tribunal en el que tanto los vocales como el presidente y el secretario estaban nombrados directamente por la administración educativa.

En un primer momento, el juzgado de lo contencioso administrativo número 7 de Valencia desestimó la reclamación sindical al razonar que el Real Decreto sobre el reglamento de ingreso y adquisición de nuevas especialidades de los cuerpos docentes, que establece la designación de estos tribunales por sorteo, no es legislación básica. Sin embargo, tras apelar UGT, el TSJCV ha dictaminado que hay que anular la orden de la Conselleria de Educación en cuanto a la forma de elección del tribunal, lo que lleva aparejada "la nulidad de todas las actuaciones que se hayan producido con posterioridad".

La sala mantiene que el hecho de que el Real Decreto no tenga carácter básico supone que la Generalitat en esta materia puede establecer un régimen distinto, una circunstancia, señala, que no se ha producido, por lo que deben aplicarse las previsiones contenidas en aquella norma.

Asimismo, incide en que en la misma fecha de la orden impugnada se dictaron otras para las oposiciones a maestros y profesores de Secundaria que "sí respetaban la previsión de que los vocales de los tribunales se designen por sorteo". De hecho, la oposición a la inspección convocada este mismo año también ha incluido el sorteo. Por último da cuenta de la existencia de un informe emitido por los propios servicios jurídicos de la Conselleria de Educación que apuntaba a la "irregularidad" de la convocatoria.

Contra la decisión del TSJCV, según UGT, no cabe recurso ordinario alguno, sólo la posibilidad de un recurso de casación por unificación de doctrina "pero la situación que contempla la sentencia es definitiva", por lo que ahora FETE pedirá la ejecución de la sentencia, lo que se suele producir en un plazo de dos meses.

Desde el sindicato han recordado que, en su momento, el tema se trató en Mesa Sectorial y se pidió la suspensión cautelar del nombramiento de estos inspectores, precisamente para minimizar que las personas resultaran afectadas, lo que se denegó. Por tanto, "no se puede responsabilizar a la parte sindical sino a la Conselleria", ha recalcado Guillermo Martí.

El secretario general de FETE ha subrayado que "la inspección no puede ser un instrumento de control político a las órdenes de un partido o de otro, sino un elemento técnico para ayudar a nuestros 50.000 profesores".

"DE ESPALDAS" A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

"Este es el penúltimo episodio de la política educativa del conseller Alejandro Font de Mora, que legisla de espaldas a la comunidad educativa, que no puede modificar las arbitrariedades y disparates que se están produciendo en el sistema educativo valenciano salvo con denuncias públicas en los medios o judicializando los temas más graves", ha declarado.

En este punto, ha recordado que UGT ya ha ganado "importantes recursos", como el presentado contra la impartición en inglés de Educación para la Ciudadanía o la sanción al inspector del IES Las Norias de Monforte del Cid (Alicante) por la colocación de una fotografía del cosneller boca abajo. El próximo va a ser contra el recorte de los desdobles en Formación Profesional (FP), ha avanzado.

Por su parte, González Zurita ha señalado que se trata de "un triunfo del Estado de Derecho", ya que la designación "digital" de tribunales es "una barbaridad jurídica que atenta contra el sentido democrático".