La Unión de Federaciones por la custodia compartida actuará contra el Gobierno por "machista y cavernario"

Actualizado: domingo, 3 julio 2011 17:35

VALENCIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones por la Custodia Compartida (UEFACC) ha anunciado este domingo la convocatoria de acciones de protesta y su intención de emprender de forma inminente medidas judiciales contra el Gobierno central por su decisión de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Custodia Compartida de la Comunitat Valenciana, una actitud que ha calificado de "machista, cavernaria y opuesta a la evolución de la sociedades avanzadas hacia la igualdad entre hombres y mujeres".

A través de un comunicado, la entidad ha resaltado la paradoja de que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero recurra ante el TC una ley "moderna, progresista y protectora de la familia, respaldada por la judicatura valenciana" cuando varias audiencias provinciales y decanatos judiciales de España han interpuesto cuestiones de constitucionalidad a la Ley de Divorcio de 2005, "uno de los primeros grandes engaños de la legislatura socialista".

En su opinión, el PSOE convirtió el articulado de esta ley "en un campo minado que imposibilitó en la práctica la consecución de los principios y objetivos que sustentaban su propia exposición de motivos, la corresponsabilidad parental y el fin de los divorcios gestionados bajo un sistema culpabilístico".

Así, la UEFACC critica que el Gobierno, "en lugar de reconocer su grave metedura de pata y corregir su propia ley estatal, insista en hacer perder el tiempo a un más que cuestionado Tribunal Constitucional, provocando que la judicatura en bloque recurra su ley de divorcio, mientras plantea cuestiones de constitucionalidad a las leyes hechas desde la seriedad y la reflexión profunda".

Por ello, ha adelantado que no permitirán que el Gobierno socialista "continúe corrompiendo sin rubor el concepto de constitucionalidad" y ha censurado que se condicione la capacidad de autogobierno de las comunidades autónomas de forma diferenciada "en función del sentido ideológico de sus leyes". "Estas graves injerencias son altamente inconsistentes con la permisividad que el gobierno otorga en otras comunidades", ha concluido.