La reforma de la LPI aprobada en el Congreso mantiene las discrepancias entre los afectados por la tasa Google

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual aprobada este martes por el Congreso no ha conseguido despejar las discrepancias que mantienen los afectados por la aplicación de una compensación irrenunciable a los editores por el uso de sus contenidos en agregadores de noticias.

El texto no introduce novedades respecto a la propuesta del Gobierno, pese a que algunos grupos parlamentarios optaban por su supresión y otros por su ampliación a periodistas y fotógrafos.

Por una parte, el director general de AEDE, José Gabriel González, ha defendido las principales medidas aprobadas por la reforma pese a que "todavía no ha leído el texto final" del proyecto. Aún así, ha lamentado que no se hayan tenido en cuenta las enmiendas técnicas realizadas por la organización para incluirlas en la reforma y ha confirmado que "no le deja muy tranquilo" que sea la Comisión Sinde la responsable de regular la tasa, en lugar de un juzgado.

En cualquier caso, ha asegurado que la LPI propuesta es "importante" por que "reconoce el derecho a cobrar por el uso de sus contenidos para hacer negocio" y ha señalado la necesidad de implantar y emplear la misma lógica para los contenidos en Internet que la que se emplea para bienes materiales.

"Cuesta mucho hacer un contenido bueno y de calidad y a nadie gusta que venga otro y haga negocio con ello. Igual que no se puede coger el coche de otro y hacer de transportista, con los contenidos en Internet pasa lo mismo", ha asegurado.

En este sentido, ha matizado que no está en contra de que las plataformas de Internet y los agregadores de noticias empleen sus contenidos sino que, por el contrario, "está encantado". "Pero que paguen".

A juicio del director general de AEDE, "cuando algunas empresas dicen que tendrán que cerrar es porque tienen un negocio basado en una materia prima que elaboran otros. Les falta una parte importante de la cuenta que son los gastos", asegura.

Por otra parte, en lo referente a la irrenunciabilidad del cobro de la tasa, ha defendido que la medida va dirigida a "proteger" a los pequeños y medianos medios de creación de contenidos. "Una cabecera grande se sienta en la mesa con Google a negociar, pero una web pequeña no puede", según ha explicado.

Además, ha indicado que los grandes medios de comunicación "tienen problemas más grandes de qué ocuparse que en pensar en lo que van a sacar con la nueva tasa" y ha apuntado a que, además, su implantación va a suponer un impulso al número de visitas debido a la reducción de los usuarios que antes "seguramente no llegaban a acceder a las noticias porque se quedaban en los agregadores".

González ha explicado que los medios de comunicación desconocen las cifras de usuarios que pierden debido a este tipo de plataformas debido a que, "a diferencia de los medios, que ofrecen sus datos, los agregadores de noticias no son tan transparentes".

Por el contrario, la Asociación de Internautas y empresas como Menéame, Google o medios de comunicación y compañías agrupadas en la Coalición Prointernet se han posicionado en contra del proyecto de reforma de LPI aprobada por considerarla "ridícula" y "absurda", en palabras del creador de Menéame, Ricardo Galli, y por ser contraria a "la esencia" y el "desarrollo" de Internet.

A juicio de Galli, el texto aprobado para su tramitación como ley, "se carga" el derecho a la información de los usuarios por implantar una tasa que, según ha indicado, seguramente no será más que "simbólica".

Pese a que aún no está claro qué coste podría suponer para las plataformas de agregación de noticias (como Google, Menéame o redes sociales como Twitter y Facebook), el creador de la web española ha advertido de que la reforma podría provocar la "huida" de empresas nacionales hacia el extranjero. "Días como hoy hacen que maldiga haber montado mi proyecto vital más importante en España", aseguraba este martes el propio Galli en su blog.

Por su parte, Google ha evitado hacer declaraciones o valoración alguna sobre la reforma, aunque sí ha indicado que la compañía estadounidense "se adhiere" a lo dicho por la Coalición Prointernet, una organización que agrupa a páginas web, empresas e y a las editoriales y cabeceras de medios de comunicación agrupadas en la AEEPP y que se opone a la normativa por considerar que "va contra los fundamentos de Internet y del desarrollo del mundo digital".

En este sentido, el portavoz de la coalición, Carlos Astiz, ha indicado que, además de los efectos sobre empresas como Google, Facebook, Twitter o Menéame que "seguramente se irán de España o se deslocalizarán" la reforma tendrá un impacto económico negativo de en torno a 1.000 millones de euros anuales por el tiempo de más que tendrán que emplear los usuarios en encontrar los contenidos que buscan, de acuerdo con un estudio encargado por la propia coalición.

DENUNCIAN EL HURTO DEL DEBATE SOCIAL

Por otra parte, la Asociación de Internautas ha criticado la actuación de los diputados de la Comisión de Cultura del Congreso y la ha calificado de "bochornosa".

Según ha recordado el presidente de la organización, Víctor Domingo, el proceso de aprobación empleado para la aprobación del anteproyecto ha supuesto, a su juicio, "hurtar el debate" social acerca del conflicto y de una ley que "preocupa por la cantidad de normativas que tiene acerca de Internet". No han querido oír lo que teníamos que decir", ha lamentado.

Astiz ha recordado que el Gobierno "ya había intentado aprobar la reforma hace tres meses" sin obtener apoyo de los grupos parlamentarios y ha asegurado que ahora ha tenido que hacerlo "por vía de comisión", en lugar de en un pleno, y durante el mes de julio. "Y el PSOE quería endurecer más este asunto", ha apuntado.

A juicio de los críticos con la reforma, el texto es fruto de las presiones de algunos medios de comunicación sobre el Gobierno para aplicar una tasa que les ayude a "eliminar la competencia" de los medios medianos y pequeños y a financiar "un modelo de negocio obsoleto y anticuado".

El propio portavoz de la Coalición Prointernet ha asegurado que el "intento de poner puertas al campo" al "penalizar la esencia de Internet, que son los enlaces" responde únicamente a la tentativa de algunas cabeceras de resistirse a la adaptación a Internet y de mantener y compensar las pérdidas de un modelo de negocio que, según ha indicado, "está muerto".

LA IRRENUNCIABILIDAD ES DEMENCIAL

Uno de los puntos más criticados por parte de los detractores de la nueva LPI es la "irrenunciabilidad" al derecho a cobrar por el enlace en otras páginas web a los propios contenidos.

Astiz ha explicado que esto supondrá que un medio de comunicación, blog o página web no podrá "regalar" sus contenidos para que sean libremente enlazados desde otra plataforma o un agregador y ha indicado que, en el caso de rechazar cobrarlos, el beneficio "iría a un tercero, a los demás proveedores de noticias". "Es de locos, es demencial", ha sentenciado.

Además, de cara a los usuarios y a las páginas que enlacen a contenidos de otras páginas web, los opositores a la LPI han indicado que el texto generará "inseguridad jurídica" al no definir qué coste tendrá la tasa para unos u otros cuando incluyan en una web o en las redes sociales un hipervínculo y, especialmente, por que las tasas y conflictos derivados de ella no los dirimirá un juzgado sino una comisión conocida como la 'Comisión Sinde'.

"Desde el punto de vista de la más mínima sensibilidad democrática, que se le quite a los jueces la posibilidad de dirimir sobre el derecho a la información.. se me ponen los pelos como escarpias", ha declarado el presidente de la Asociación de Internautas.