MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha asegurado este martes que la institución ha mantenido reuniones con representantes de la banca española en las que ha trasladado "firme y claramente" que "no debe haber desahucios de familias que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas por razones explicadas y motivadas de buena fe".
Becerril ha informado de estos encuentros durante su intervención en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo del Congreso de los Diputados, en la que ha tratado, entre otros asuntos, el informe elaborado por la institución sobre viviendas protegidas vacías.
Según ha indicado, la Administración debe contribuir para "evitar los lanzamientos de personas deudoras de buena fe". En este sentido, ha celebrado la decisión del Gobierno de prorrogar los efectos del decreto de medidas urgentes para la protección de deudores hipotecarios, que vence este mes de noviembre.
Pero también ha llamado a movilizar a través del alquiler la bolsa de casi 14.000 viviendas protegidas vacías que gestionan comunidades autónomas y ayuntamientos.
Según datos de 2012 que maneja la institución, sólo las comunidades autónomas gestionan 13.500 viviendas protegidas sin ocupar, de las que cierto número no sería posible adjudicar por cuestiones de conservación, mientras que los ayuntamientos contarían con otras 427 viviendas.
Así, Becerril ha calculado que, contando con que cada familia cuenta con cuatro miembros de media, habría 52.000 personas que podría beneficiarse de una de estas viviendas. "Son muchas personas que podrían tener un techo adecuado con un precio posible", ha recalcado.
Por ello, ha llamado a la administración a "buscar salidas" y a establecer los mecanismos necesarios para dar salida a este parque de viviendas protegidas vacías. "Que estas viviendas se pongan en alquiler sigue siendo nuestra preocupación", ha añadido.
A la espera de evaluar sobre el terreno la acogida de las recomendaciones que la institución viene realizando en esta dirección desde hace tiempo, Becerril cree que ya se están dando pasos al respecto, y ha recordado, por ejemplo, que el Ministerio de Fomento ya ha incluido en el último Plan Estatal de Vivienda la necesidad de elaborar un registro claro y con un mínimo común entre comunidades autónomas y ayuntamientos, para poder tener un mapa inicial de las viviendas protegidas disponibles.