E.ON recurre el mecanismo de reparto del bono social de la luz

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

   E.ON España ha recurrido ante el Tribunal Supremo el real decreto en el que se recogen los detalles del nuevo mecanismo de reparto del bono social de la luz, cuya financiación corresponde desde la aprobación de la reforma energértica a las compañías con actividades verticalmente integradas.

   En concreto, la filial en España de la eléctrica alemana, que se encuentra en pleno proceso de venta a Macquarie, ha interpuesto ante la sala tercera del Supremo un recurso contencioso administrativo contra el real decreto 968/2014, en el que se desarrolla la metodología para la fijación de reparto del bono social.

   Con este recurso ante el Supremo, E.ON se suma a Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa en su rechazo al nuevo esquema de reparto del bono social. Estas tres empresas presentaron sendos recursos ante la Audiencia Nacional en contra de la orden ministerial en la que se fijaban los nuevos porcentajes de financiación del bono social para 2014.

   El nuevo esquema carga la financiación del bono social sobre un total de 27 empresas, si bien las cinco grandes eléctricas integradas en Unesa, y especialmente Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, deben asumir el 99% de este coste, que ronda los 200 millones de euros.

   El bono social, creado en 2009, fue inicialmente financiado por las cinco grandes eléctricas a razón de unos 150 millones de euros al año, hasta que Iberdrola denunció este mecanismo por discriminatorio y logró que en 2012 el Tribunal Supremo le diese la razón.

   Posteriormente, en noviembre de 2013, el Supremo dictó un auto en el que extendía a las cinco grandes eléctricas el derecho a que se les restituyese el dinero dedicado al bono social.

   Al anularse esta fórmula de financiación restringida a cinco empresas, el Gobierno cargó de forma provisional a la tarifa eléctrica en 2013 el coste del bono social, mientras definía el nuevo mecanismo de financiación.

   No obstante, como parte de la reforma energética anunciada a mediados de 2013, el Ejecutivo volvió a obligar a las eléctricas a financiar el bono social, pero lo hizo mediante una fórmula regulatoria que elimina los elementos considerados ilegales por parte del Supremo.

   En concreto, para evitar el efecto discriminatorio de la medida, se hace partícipe de la financiación al conjunto de empresas con actividades simultáneas de producción, distribución y comercialización, esto es, a las verticalmente integradas.

   Pese a la entrada de nuevos participantes, los principales porcentajes corresponden a las grandes eléctricas, a razón de un 41,61% para Endesa, un 38,47% para Iberdrola, un 14,18% para Gas Natural Fenosa, un 2,36% para E.ON y un 2,64% para EDP España.

   El bono social consiste en la congelación de la tarifa eléctrica en niveles de 2009 para familias numerosas, pensiones mínimas, familias con todos los miembros en parto y potencias inferiores a 3 kilovatios (kW) en el primer hogar. Como parte de la reforma, el Gobierno ha limitado al 25% el porcentaje máximo de descuento.