MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
El grupo fotovoltaico Siliken deslocalizará su producción fuera de España debido a la nueva regulación sobre el sector diseñada por el Ministerio de Industria, anunció hoy la empresa en un comunicado.
Este anuncio viene acompañado de la petición a Industria de la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF) de que se apliquen modificaciones "sustanciales" en la propuesta de regulación.
Siliken, de origen español, dice que cancelará sus planes de crecimiento en todas sus plantes de producción del país, aunque mantendrá su estrategia de expansión internacional. "Esta reducción en las inversiones previstas en nuestro país tendrá su reflejo en un incremento equivalente de su crecimiento en otros mercados que presentan mayor estabilidad y potencialidad", indica el grupo, que cita Alemania y Estados Unidos como los entornos más atractivos.
La propuesta de Real Decreto eleborada por el departamento de Miguel Sebastián reduce la prima en más del 35% y limita el crecimiento anual a 300 megavatios (MW).
El presidente de Siliken, Carlos Navarro, consideró que el fuerte encarecimiento de los precios del crudo supone "una excelente oportunidad de desarrollo sostenible" para España. Si no fuese por la caída de primas y la imposición de un techo, indica, "este sector industrial y sus consecuencias sobre la producción energética y la balanza comercial podrían convertirse en el petróleo español", señaló.
Siliken dispone de más de 40.000 metros cuadrados de naves de producción de módulos fotovoltaicos en Rafelbunyol (Valencia), Pobla de Farnals (Valencia), Casas Ibáñez (Albacete), El Rosario (Tenerife) y San Diego (EEUU).
La empresa cuenta en total con una plantilla de 1.100 empleados y recuerda que el conjunto del sector fotovoltaico ha generado en España 27.000 empleos. Sólo en 2007, atrajo 900 millones de euros en inversiones industriales.
Según el presidente de Siliken, el desarrollo de la energía fotovoltaica ahorraría 6.340 milones en energía fósil equivalente hasta 2020 y otros 1.060 millones en derechos de emisión de CO2 hasta 2020.
La AEF ha propuesto situar la tarifa en 35,8 euros por megavatio hora (MWh) y aplicar una reducción progresiva anual del 7%. La reducción sería del 10% anual si se supera un objetivo de 800 MW instalados al año. La propuesta incluye el ajuste de tarifa por tramos de potencia instalada, como mecanismo de autorregulación del sistema.