El coste del bono social en 2014 ascendió a 184 millones
MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha propuesto un nuevo esquema de reparto de la financiación del bono social para 2015, que recaerá sobre un total de 29 empresas, en lugar de las 27 que se incluyeron en la lista del pasado año, si bien las cinco grandes eléctricas integradas en Unesa, y especialmente Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, deben asumir más del 99% de este coste, que ronda los 200 millones de euros.
En su propuesta de orden por la que se aprueban los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social correspondientes a 2015, de esta manera Industria ha incluido dos empresas más que en el año pasado.
En el caso de las cinco 'grandes' eléctricas, Endesa será la que mayor porcentaje del bono social deba financiar en 2015, con el 42,28%, frente al 41,61% del año pasado; seguida de Iberdrola (39,21% frente al 38,47% del ejercicio anterior), Gas Natural (12,27% frente al 14,18%), EDP España (3,18% frente al 2,64%) y Viesgo (2,27% frente al 2,36%).
Según consta en la memoria de la propuesta, el coste liquidado del bono social durante los meses de septiembre de 2013 y agosto de 2014 ascendió a 184 millones de euros.
EL BONO SOCIAL.
El bono social, creado en 2009, fue inicialmente financiado por las cinco grandes eléctricas a razón de unos 150 millones de euros al año, hasta que Iberdrola denunció este mecanismo por discriminatorio y logró que en 2012 el Tribunal Supremo le diese la razón.
Posteriormente, en noviembre de 2013, el Supremo dictó un auto en el que extendía a las cinco grandes eléctricas el derecho a que se les restituyese el dinero dedicado al bono social.
Al anularse esta fórmula de financiación restringida a cinco empresas, el Gobierno cargó de forma provisional a la tarifa eléctrica en 2013 el coste del bono social, mientras definía el nuevo mecanismo de financiación, en el que de nuevo son las eléctricas las que asumen el coste, aunque ahora a través de unos criterios que, en su redacción regulatoria, elimina los aspectos considerados discriminatorios.
En concreto, este importe se carga sobre las compañías que desarrollen simultáneamente las tres actividades de producción, distribución y comercialización.
A pesar de todo, las empresas integradas en Unesa recurrieron ante el Tribunal Supremo el mecanismo de financiación del bono social, en el que se carga sobre las empresas verticalmente integradas el coste de esta ayuda.
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