MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido un auto por el cual levanta la inhabilitación cautelar del secretario de la Comisión de Control de Caja Madrid, Juan Gómez Castañeda, promovida por la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid en el marco de un procedimiento sancionador.
Así, la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso administrativo estima el recurso de súplica interpuesto por Gómez Castañeda contra el auto del 16 de abril, por lo que esta decisión es firme y no cabe contra ella recurso. Este levantamiento de la inhabilitación cautelar de Gómez se une al ya decretado para el Defensor del Contribuyente del Ayuntamiento de Madrid, Fernando Serrano, también miembro de la Comisión de Control.
Ambos fueron expedientados el 16 de enero pasado por el Gobierno regional; en el caso de Serrano por "incompatibilidad" en sus cargos y en el de Gómez Castañeda al considerar "nulo" el acta que firmó para la destitución del entonces presidente de la Comisión, el 'aguirrista' Pablo Abejas.
El juez ha valorado el interés público y el de este miembro de la Comisión de Control y "entiende que se debe dar preferencia al interés privado dada la trascendencia de uno y otro". "En efecto, entiende la Sala que el interés del recurrente, de no protegerse ahora, sí quedaría, de manera definitiva, mermado, perdiendo en gran medida su finalidad el presente recurso, mientras que el interés público no queda afectado", indica el auto.
El consejero de Economía y Hacienda de Madrid, Antonio Beteta, señaló recientemente que ambos expedientes seguían siendo estudiados por la Dirección General, que en su momento, "hará las propuestas de sanción correspondientes". Según el "grado" de las sanciones previstas, serán resueltas por la Consejería de Economía y Hacienda o bien por el Consejo de Gobierno.
No obstante, las sanciones impuestas a estos dos cargos de Caja Madrid han sido objeto de peticiones reiteradas de levantamiento por parte de diferentes actores de la entidad, que ven en estos expedientes una falta de voluntad por parte del Gobierno regional para llegar a un acuerdo general.