CiU y UPN anuncian su voto a favor de la reforma financiera del PP mientras PNV y CC optarán por la abstención

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Convergència i Unió (CiU) y Unión del Pueblo Navarro (UPN) han anunciado que votarán a favor de la convalidación del decreto de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito que este jueves se somete a debate en el Pleno del Congreso, mientras que PNV y CC-NC se abstendrán, a la espera de poder proponer enmiendas durante la tramitación parlamentaria de la norma como proyecto de ley que ha comprometido el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Así se ha anunciado durante un debate de convalidación que se ha prolongado durante más de dos horas, y en el que De Guindos no ha logrado hacer cambiar de opinión a la mayor parte de la oposición, que mantendrá el voto que había anunciado.

De esta manera, el decreto saldrá adelante con el respaldo del PP, CiU y UPN, incrementando así el número de diputados que votaron a favor de la reforma de mayo, cuando los nacionalistas catalanes optaron por la abstención mientras que los canarios votaron sí. Ahora, Coalición Canaria-Nueva Canarias preferirá abstenerse, lo mismo que el PNV, mientras que PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, Amaiur, ERC y BNG se opondrán a la convalidación.

QUE FLUYA EL CRÉDITO

Así, el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha lamentado que las medidas contenidas en este decreto lleguen "tres años tarde", en parte por culpa del PSOE pero también de los 'populares', que podían haberlas incluidas en la reforma aprobada "hace seis meses". En cualquier caso, ha deseado que "permita que fluya el crédito con la máxima rapidez" a la economía real, argumentando que no es razonable que parte de los 100.000 millones de euros previstos en el rescate bancario no puedan llegar a empresas y familias.

También se ha congratulado de que "por fin" llegue el 'banco malo', y ha propuesto que parte de los activos inmobiliarios que gestione se puedan destinar a vivienda social. Finalmente, ha exigido una solución para los afectados por una "comercialización fraudulenta" de participaciones preferentes, y ha sugerido una "liquidación ordenada de Bankia" para no tener que inyectar en esta entidad los 23.000 millones de euros previstos.

Por su parte, el diputado de UPN, Carlos Salvador, ha reconocido que parte de la regulación incluida en el decreto --como la relativa al 'banco malo'-- es "mejorable" pero ha aplaudido las nuevas funciones del FROB, pidiendo eso sí que las entidades "enfermas" tengan "capacidad de opinar" en los tratamientos que se le apliquen. También cree que la regulación de productos híbridos debería ser "mucho más clara" y ha pedido a los socialistas que no se "echen al monte" y "no se opongan a una normativa tan necesaria para que fluya el crédito de nuevo".

El portavoz económico del PP en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, ha aprovechado su turno para cargar contra el PSOE, afirmando que este decreto intenta "arreglar los problemas que (el anterior Gobierno) dejó en España". "Si hubieran sido más prudentes, si hubieran hecho reformas en su momento cuando lo hacían el resto de países europeos para sanear el sistema financiero, si no se hubieran obcecado con que era el mejor del mundo... Si hubieran hecho lo que tenían que hacer cuando eran Gobierno, hoy España estaría igual que el resto de países europeos. No nos echen la culpa de lo que ustedes rompieron", ha espetado.

Así, ha recordado a los socialistas que en la redacción del decreto ley han participado "significativos miembros" del PSOE, como el subgobernador del Banco de España y presidente del FROB, Fernando Restoy, o el vicepresidente de la CE y comisario de Competencia, Joaquín Almunia. "Voten lo que quieran, pero nosotros tenemos que pensar en un sistema solvente que ayude al crecimiento y al empleo, porque eso es la base del bienestar", ha concluido.

A LA ESPERA DEL PROYECTO DE LEY

Por parte del PNV, el diputado Pedro Azpiazu ha reconocido tener una opinión "sustancialmente más favorable" hacia este decreto que hacia las cuatro reformas financieras anteriores --ninguna de las cuales recibió el voto favorable de los nacionalistas vascos--, si bien ha explicado que la falta de concreción en la mayor parte de las medidas --particularmente en lo relativo al 'banco malo'-- ha hecho que su grupo opte por la abstención, a la espera de presentar enmiendas al proyecto de ley.

Tras otorgar un "suspenso cum laude" tanto a PP como a PSOE por ser "responsables políticos del actual desaguisado financiero", que se deriva de la bancarización de las cajas, las indemnizaciones y retribuciones de los directivos bancarios o la gestión "nefasta" en muchas entidades, Azpiazu ha recordado que ahora la prioridad es recuperar el crédito, algo que espera consiga este decreto. Finalmente, ha tachado de "absolutamente injusto" que se "iguale" el trato que se da a los inversores y a los pequeños ahorradores en el caso de las preferentes.

Por su parte, la diputada de CC, Ana Oramas, ha justificado su abstención en que ésta es la reforma "de la troika" y que carga "los excesos del sector" en los ciudadanos, sin promover la "autocrítica". "Tenemos una sensación de 'deja vu'. De nuevo se presenta la reforma como definitiva, pero seguimos teniendo la sensación de que siguen sin tener las ideas claras y actúan a golpe de improvisación", ha acusado a los 'populares'.

SOCIALIZAR PÉRDIDAS PRIVADAS

El portavoz económico de IU-ICV-CHA, Alberto Garzón, ha coincidido en que este decreto es "la prueba de que el Gobierno sigue los dictados de la troika", que impone al Estado que sea "el único que ponga dinero, asumiendo riesgos muy importantes". "Asistimos a un nuevo modo de vasallaje ante instituciones internacionales que han impuesto este decreto por un MoU que ni siquiera se ha debatido en el Congreso", ha criticado.

Con respecto a la reforma en sí, Garzón ha dudado de que finalmente se vayan a materializar las "ganancias que el Gobierno espera con una fe digna de devoción", por lo que a su juicio "el Estado será el único que asumirá las pérdidas que, probablemente, se deriven" de este proceso de saneamiento del sector financiero, que tiene como pieza clave el 'banco malo'. Por eso, ha instado al Ejecutivo a "convertir el 'banco malo' en un 'banco bueno'" que gestione las viviendas con fines sociales.

En la misma línea, el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha lamentado que "las deudas financieras de los bancos se conviertan en deuda pública de los ciudadanos" en un círculo que "han trazado juntos PP y PSOE" comenzando por la reforma constitucional.

Además, ha argumentado que el decreto adolece de solución al problema de las preferentes, es inconcreto sobre el 'banco malo', no fija un control parlamentario suficiente al FROB, no acaba con la politización de los órganos de administración de las entidades financieras y tampoco exige responsabilidades a quienes las han conducido a su actual situación.

Por su parte, Teresa Jordà (ERC) ha indicado que esta reforma es "la versión 'pepera' del cuento de la lechera" porque prevé que retorne el crédito y estimule la economía, pero en realidad el dinero servirá para pagar a los acreedores extranjeros y en España se entrará en una "espiral de auténtica recesión que hundirá España en la miseria". "Y, por extensión, también a Cataluña, si no es que nos independizamos un poco antes", ha concluido.

El diputado de Amaiur Rafael Larreina, ha coincidido en que este decreto "trasvasa renta a la banca y a la economía especulativa, socializando las pérdidas", lo que conducirá a más paro, recortes sociales y endeudamiento público. Finalmente, Francisco Jorquera (BNG) ha coincidido en que la reforma tendrá un doble coste para los contribuyentes, que costearán el saneamiento de la banca privada mientras sufren la estafa de las preferentes. Por ello, ha invitado al resto de grupos parlamentarios a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto.