(Esta noticia sustituye a la anterior sobre el mismo tema)
Aún quedan 5.500 millones de preferentes en manos de inversores minoristas pendientes de cambio
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) prevé abrir 17 expedientes sancionadores a nueve grupos financieros por realizar malas prácticas en la comercialización de participaciones preferentes por un valor de 5.900 millones de euros.
De esos 17 expedientes, seis ya están iniciados por valor de 3.985 millones de euros y a corto plazo se abrirán los once restantes por importe de 1.966 millones, según detalló el director general de la CNMV, José María Marcos, en la Subcomisión de Transparencia de Productos Financieros e Hipotecarios del Congreso, a cuyas actas ha tenido acceso Europa Press.
Estos expedientes hacen referencia a una serie de incumplimientos por parte de las entidades financieras. En concreto, seis de los incumplimientos corresponden a entidades que no han valorado la conveniencia del producto a pesar de la exigencia legal.
Otros seis responden a incumplimientos de los bancos que, habiendo valorado la conveniencia del producto para el inversor, lo han hecho de manera sesgada, de forma que han concluido que el producto era conveniente cuando la conclusión tendría que haber sido la contraria.
A ello se suman 9 incumplimientos por una inadecuada gestión de los conflictos de interés en las operaciones entre clientes y 2 por inadecuada información a los inversores.
Marcos detalló que la finalidad de estos expedientes es promover "la disciplina de mercado" y tratar de evitar que las malas prácticas se repitan en el futuro.
CANJE
En este contexto, el director general de la CNMV mantuvo que tras la intervención del organismo regulador en 2011, se canjearon 17.000 millones de preferentes por títulos, aunque quedan 5.500 millones de preferentes en manos de inversores minoristas pendientes de cambio.
"Son unos canjes muy difíciles de abordar toda vez que son participaciones de entidades que están en el FROB o del grupo 2 y deberán respetar lo previsto en el Real Decreto Ley del pasado mes de agosto, entre otras cosas, la legislación comunitaria sobre ayudas públicas", precisó.
En cuanto a los problemas que ha detectado la CNMV en el análisis de las preferentes, destacan la discrepancia que se produce entre la información verbal y la contractual de las operaciones de los clientes y la discrepancia sobre si se produjo o no la adquisición de las preferentes siguiendo una recomendación de la entidad comercializadora.
Otros dos problemas que ha encontrado la Comisión han sido que se han vendido las preferentes a clientes para los que el producto no era conveniente, incluso después de haber sido advertidos de esa circunstancia, y la inadecuada gestión de los conflictos de interés.
PROPUESTAS DE CAMBIOS NORMATIVOS
En cuanto a las propuestas que ofrece la CNMV para evitar problemas con las preferentes, el director general abogó por regular el régimen de lanzamiento de nuevos productos por parte de las entidades, "de tal forma que debieran analizar el público objetivo al que se van a dirigir".
También opta por establecer un tipo de requisito de cualificación profesional a la red de ventas, ya que en ocasiones no se tiene un conocimiento suficiente del producto como para informar adecuadamente a los inversores, y reforzar el consentimiento informado.
Marcos destacó la importancia de prever para productos especialmente complejos un periodo de reflexión mínimo para que el cliente tuviera tiempo para detectar las discrepancias entre la información verbal y la contractual y, en su caso, solicitar el asesoramiento que se considere oportuno.
Otra medida que defiende el supervisor es limitar la comercialización de productos especialmente complejos al ámbito de asesoramiento. En este supuesto, puntualiza que si no se comercializa en ese espectro, el cliente "firme de su puño y letra que está haciendo la adquisición sin seguir una recomendación de compra de la entidad".
Por último, destacó que sería "importante" anticipar el momento en el que la CNMV puede hacer públicas las sanciones para que el efecto de disciplina de mercado sea anterior en el tiempo y además los inversores "puedan defender en sede civil mejor sus derechos".