Economía/Finanzas.- Un exdirectivo de la CAM acusa a Amorós de impulsar la captación de preferentes

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exdirector de Planificación y Control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Teófilo Sogorb, ha apuntado este martes a la exdirectora general de la entidad alicantina, Dolores Amorós, como la impulsora del sistema de participaciones preferentes dirigidas a clientes y que tenían como objeto --ha dicho-- obtener financiación para la caja, según han informado fuentes personadas en la causa que investiga la Audiencia Nacional.

El juez central de instrucción número 3, Javier Gómez Bermúdez, ha tomado declaración durante más de dos horas al ex directivo, imputado junto a otros cuatro miembros de la cúpula de la entidad de la comisión de delitos societarios, estafa y manipulación del precio de las cosas.

Sogorb ha asegurado --según las citadas fuentes-- que Amorós era la "responsable" de la inicitiva que condujo en el año 2008 a la emisión de cuotas participativas y preferentes, que provocaron pérdidas a miles de clientes del banco.

El exdirectivo ha prestado declaración después de que también lo hiciera el exdirector general de recursos de la CAM Vicente Soriano Terol. Ambos han negado que tuvieran conocimiento o intervinieran de alguna forma en la concesión a la plataforma inmobiliaria Polaris World de un crédito sindicado por importe de 1.200 millones de euros.

Ambos imputados han hecho también referencia al intercambio entre los directivos de la entidad de varios mails relativos al informe negativo que la auditora PWC realizó sobre el funcionamiento de la entidad. Los correos electrónicos llevaban como asunto el término 'confidencial' e iban encabezados por el siguiente epígrafe: "Leer, Actuar y Destruir", han asegurado fuentes personadas en la causa.

Tanto Sogorb como Soriano han eludido responder a las preguntas realizadas por las partes relativas a las retribuciones millonarias cobradas por todos ellos y han alegado desconocimiento en relación a otros créditos concedidos por la entidad, como el cobrado por el PP valenciano.

Los dos imputados han sido los primeros en declarar en el marco de la investigación judicial. Mañana miércoles lo hará el expresidente del consejo de administración de la entidad financiera Modesto Crespo, seguido por el exdirector general de la CAM Roberto López Abad, que comparecerá el jueces y la directora general de la caja alicantina, María Dolores Amorós, citada el viernes.

El nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, retoma así las diligencias de investigación por la causa abierta contra la CAM en noviembre de 2011 por el juez Fernando Grande-Marlaska, a raíz de la denuncia presentada por el abogado Diego de Ramón, que representa a cerca de 500 afectados por participaciones preferentes. A la causa se sumó la Fiscalía Anticorrupción.

PIDEN PRISIÓN

De Ramón tiene intención de presentar mañana un escrito solicitando el ingreso en prisión de los cinco imputados y la imposición de una fianza solidaria para eludir la cárcel por valor de 12 millones de euros.

Además, Gómez Bermúdez ha citado a declarar, el próximo 16 de julio, a los peritos de la auditora PwC que elaboraron los informes sobre el análisis de los estados financieros de la caja de ahorros y sobre las jubilaciones vitalicias y prejubilaciones, que se autoadjudicaron los antiguos gestores.

La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del FROB, que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores de la CAM, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.

En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell, comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.