MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa con la que pretende instar al Gobierno a presentar una "hoja de ruta" sobre la reestructuración del sistema financiero español que garantice la "transparencia total" del mismo y "minimice" los recursos públicos empleados en el mismo, rechazando un "proceso indiscriminado" de recapitalizaciones.
El portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, aseguró que en el debate que mantuvo el miércoles con el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, quedó claro que el Gobierno empleará una "cantidad muy importante" de dinero público en estas operaciones, ejecutadas a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), cuya gestión es pública por realizarse a través del Banco de España. "No es privado y no se puede hacer una autorización arbitraria", incidió.
El dirigente 'popular', quien eludió hablar de una "crisis bancaria" para evitar lanzar un mensaje "alarmista", señaló que los problemas del sector financiero "son el mismo chorizo" que la crisis económica y exigen para su respuesta una "gestión democrática" que impida que el PSOE la utilice para aumentar su poder creando grandes entidades como la que resultaría de la posible fusión entre Caja Castilla-La Mancha y Unicaja.
"La línea que se ha escogido es la peor" incidió Montoro, quien advirtió de que l PP exigirá el cumplimiento estricto de la ley en los créditos que suscriba la entidad castellano manchega por parte del FGD que, según recordó, tiene límites.
RESPONSABILIDADES POLÍTICAS.
Montoro explicó que su moción recoge planteamientos como los suscritos por el Ecofin el pasado 10 de febrero, y supone la exigencia de un control democrático sobre las propuestas. "Vamos a exigirle que explique a todos los españoles hacia dónde va", insistió, reiterando su desconfianza hacia el Gobierno y el Banco de España.
Sin embargo, la iniciativa no marca estos procedimientos como sí han hecho otros textos recientes del PP ya que, a juicio de Montoro, lo fundamental ahora es que el Ejecutivo se comprometa a garantizar los ahorros e inversiones y recuperar la "viabilidad" de las entidades con problemas, al margen de los mecanismos que el Gobierno diseñe para ello siguiendo los principios de su iniciativa principios.
"No pasaría nada porque una entidad fuera liquidada", aseveró Montoro, quien se mostró más interesado en garantizar que aquellos que han llevado a una entidad a una situación crítica "asuman sus responsabilidades políticas y de gestión"
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