PSOE pide prohibir la venta de preferentes en el futuro y que los actuales afectados recuperen la inversión

Proponen que las entidades intervenidas por el FROB estén obligadas a adherirse al Código de Buenas Prácticas Hipotecarias

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha registrado en el Congreso 16 enmiendas parciales al proyecto de ley de Saneamiento y Venta de los Activos Inmobiliarios del Sector Financiero, derivado del decreto de reforma financiera que el Gobierno aprobó el pasado mes de mayo, en las que entre otras cosas exige que se prohíba la comercialización de participaciones preferentes en el futuro y que los actuales afectados por estos títulos bancarios recuperen la totalidad de su inversión.

Según consta en las enmiendas socialistas, consultadas por Europa Press, la idea sería eliminar el texto relativo a las preferentes que aparece en el proyecto de mayo y modificar la Ley del Mercado de Valores y la reforma financiera de febrero.

El objetivo es que todas las operaciones de canje que ofrezcan las entidades emisoras deban ser supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y para que se ofrezca, en un máximo de seis meses, el cien por ciento del valor nominal de los instrumentos objeto de canje, con la posibilidad de suscribir diferentes productos bancarios con imposiciones a plazo fijo no superiores a tres años.

Además, el PSOE pide que si el tenedor es también titular de un crédito hipotecario sobre la vivienda habitual, el banco no podrá ejecutar la hipoteca hasta el canje ni mientras dure el plazo de imposición del nuevo producto. Durante este tiempo, el interés moratorio será el interés remuneratorio pactado en el préstamo. Con estos cambios, el PSOE quiere también que se prohíba a partir de ahora la venta de preferentes a minoristas.

QUE NO SE PIERDA DINERO PÚBLICO

En otras enmiendas, los socialistas sugieren ampliar de uno a tres años el plazo para que los bancos cumplan las nuevas provisiones, acelerar el proceso de desconsolidación de activos de las entidades con apoyo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), eliminar la obligatoriedad de enajenar un 5% anual de los activos inmobiliarios y garantizar, por contra, que las desinversiones del FROB se realizan en plazos suficientemente amplios para que no haya pérdida de recursos públicos.

También rechazan la posibilidad que establecer en el futuro instrumentos de apoyo financiero a la adquisición de capital en las sociedades de gestión de activos a las que bancos y cajas deberían trasladar sus activos tóxicos por considerar que la redacción del artículo es demasiado "indefinido".

Por otra parte, el PSOE propone suprimir tres disposiciones finales en las que el Gobierno había introducido beneficios fiscales a las rentas positivas derivadas de la transmisión de bienes inmuebles de naturaleza urbana adquiridos a título oneroso desde la entrada en vigor del decreto y hasta final de año.

RETRIBUCIONES BANCARIAS

Las enmiendas proponen también cambios en los límites a las retribuciones de los directivos bancarios que se introdujeron en la reforma financiera de febrero. En concreto, el PSOE cree que en las entidades que reciban fondos públicos los administradores y directivos no deben cobrar ninguna retribución variable ni beneficios discrecionales de pensiones, así como tampoco indemnizaciones, pensiones o cualquier otro blindaje, incluso laboral.

Asimismo, las entidades que a partir de ahora pidieran la intervención del FROB deberían limitar a 40.000 euros anuales como máximo la retribución por todos los conceptos de los miembros de los órganos de administración, cifra que se elevaría a 150.000 euros en el caso de presidentes ejecutivos, consejeros delegados y directivos. En el cómputo se incluirán las dietas, y las restricciones se mantendrán mientras no se haya devuelto todo el dinero público.

Los socialistas incluyen finalmente en sus enmiendas aspectos relativos a la protección de los deudores hipotecarios. En concreto, piden que todas las entidades respaldadas por el FROB tengan obligación de adherirse al Código de Buenas Prácticas Hipotecarias del Gobierno que, entre otras cosas, prevé la posibilidad de negociar una reestructuración de la deuda, una quita o incluso la dación en pago cuando se cumplen ciertos requisitos, que el PSOE aprovecha también para ampliar.

En concreto, quiere que se puedan acoger a esta posibilidad las familias cuyas rentas no superen en dos veces y media el IPREM y cuya hipoteca consuma al menos la mitad de sus ingresos.

Finalmente, también proponen que la tasación de la enajenación no puede ser inferior a la tasación para la concesión de la hipoteca, que se limiten los intereses de demora, que se impida adjudicar la vivienda a precios muy bajos cuando las subastas quedan desiertas, que se diferencie el valor cuando es primera residencia y cuando no, y que se aumente el umbral de inembargabilidad cuando el precio por la venta de la vivienda por ejecución hipotecaria sea insuficiente para cubrir el crédito.