PP, PSOE, UPyD y CiU se oponen a declarar 'odiosa' parte de la deuda pública y no pagarla como pide IU-ICV

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP, el PSOE, UPyD y CiU han anunciado que votarán en contra de la propuesta de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) de realizar una auditoría de la deuda pública para detectar los créditos 'odiosos' y no pagarlos, aduciendo que esa decisión provocaría una gran inestabilidad en los mercados y, por ende, costes más altos para la financiación de las administraciones y empresas españolas.

El portavoz económico de IU-ICV, Alberto Garzón, ha defendido en el Pleno del Congreso su iniciativa, que aboga por constituir una comisión de expertos de diferentes ámbitos de la vida social y económica que precise la definición de 'deuda ilegítima' y estudie los diferentes créditos del Tesoro para identificar las razones por las que se contrataron, con quién y por qué cantidades, y poder así declarar "ilegítima esa parte de la deuda y no pagarla".

"Dadas las políticas de austeridad del Gobierno, que han empeorado las condiciones de financiación del Estado y los ingresos públicos, la deuda se hará absolutamente insoportable e impagable", afirma el diputado, que aboga por "determinar, a partir de un criterio establecido democráticamente, qué contratos deben ser reformulados y cuáles no pagar". "Es necesario, entendiendo que el lastre de la deuda pública es suficientemente importante para destruir el Estado del Bienestar", ha dicho.

Tras recordar que "esta medida debe ir acompañada de otras muchas, porque es un alivio y no una solución", el diputado vinculado con el movimiento 15M ha advertido de que si España continúa "aceptando las normas que ha impuesto la troika y llevan al país al abismo económico" se podría llegar a una situación "insoportable" en la que la sociedad "acabe canalizando su frustración de forma antidemocrática".

EL ORDENAMIENTO JURÍDICO NO LO PERMITE

Sin embargo, la portavoz adjunta del PP Matilde Asián ha rechazado la propuesta alegando que el ordenamiento jurídico "impide" su aplicación dado que "la deuda debe estar autorizada por ley, el marco constitucional exige la prioridad de pago de la deuda y las emisiones no son finalistas, por lo que resulta totalmente imposible conocer cuál es la finalidad última de cada importe colocado".

"A mí la deuda no me gusta, menos incluso que a ustedes. Pero es una deuda legítima de un Gobierno legítimo elegido por esta Cámara. Y un pueblo libre es también responsable y debe vivir de acuerdo a las consecuencias de sus decisiones", ha añadido, añadiendo no obstante que la propuesta "implica un reconocimiento explícito de la necesidad" de la Ley de Estabilidad aprobada al inicio de la legislatura porque "la deuda pública es una rémora para la actividad económica".

Además, la diputada canaria ha recordado que la mayor parte de la deuda pública española está en manos de ahorradores, por lo que "habría que ver también qué se considera 'prestamista odioso'. "Si hacemos una quita habría una pérdida de confianza, una quiebra de los bancos y sería necesario dejarlos caer o rescatarlos de nuevo. Pero en esas circunstancias nadie nos prestaría el dinero y crearíamos más paro, recesión y empobrecimiento", ha concluido.

NO PUEDE HABER DUDAS SOBRE LA DEVOLUCIÓN

De un tenor similar ha sido la intervención del socialista Manuel González Ramos, quien ha recordado que "una auditoria de la deuda pública provocaría mayor inestabilidad en los mercados financieros, repuntaría la prima de riesgo y haría más costoso aún el pago de la deuda contraída". "Un país como España no puede plantear dudas sobre la devolución de su deuda", ha añadido.

No obstante, ha aprovechado su intervención para cargar contra la "pésima" gestión económica del Gobierno 'popular', que en un año de Gobierno ha incrementado la deuda del 69 al 84% del PIB a la par que dejaba el déficit "en el entorno del 10%" contando el rescate financiero. "Es la mayor subida en un año de la historia, y el mayor nivel de deuda desde 1910", ha lamentado, sobre todo por el coste en forma de intereses que conlleva esta deuda.

Por último, ha asegurado que los créditos que tiene el Gobierno "no se deben al derroche ni a la herencia" sino a las "políticas de austeridad y decrecimiento", y ha criticado la decisión de "socializar demasiado" y "precisamente lo que no debería ser socializado" como el rescate financiero.

REFLEXIONAR SOBRE CÓMO SE HA LLEGADO A ESTE PUNTO

El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha rechazado la propuesta de impagar la deuda, un "salto en el vacío difícil de apoyar", aunque sí ha valorado la intención de cambiar la "actitud demasiado complaciente" que hasta ahora ha tenido la sociedad española con este tema, y ha coincidido en la necesidad de reflexionar sobre cómo se ha llegado a este punto.

"Compartimos la crítica de cómo se han socializado pérdidas, de cómo una deuda de las cajas de ahorro politizadas se ha convertido en deuda pública, porque se podría haber actuado de otra manera, dejando caer algunas cajas no sistémicas y aplicando la misma asunción de pérdidas a los acreedores internacionales que, por ejemplo, a los titulares de preferentes", ha dicho.

Por eso, ha defendido una enmienda limitándose a pedir la creación de una comisión que audite la deuda para "saber si era necesario llegar a este nivel de deuda", pero sin declarar ningún crédito 'odios', entre otras cosas porque "es imposible" ya que "la deuda pública no se plasma en contratos sino en títulos que podrían ya no estar siquiera en manos de esa primera persona cuya transacción podría considerarse ilegítima".

Además, ha recordado que "tampoco es posible hacer un impago selectivo sin que afecte al conjunto del país" y que esa decisión cortaría el acceso de España a la financiación y "el coste social" que conllevaría esa reducción "de golpe" del gasto público sería "terrible".

En la misma línea, la diputada de CiU Inmaculada Riera también ha señalado que la definición de 'deuda odiosa' es "difusa" y que los títulos españoles no encontrarían acomodo en ninguna de las interpretaciones aceptadas internacionalmente. "CiU cree que el saneamiento del sistema financiero es necesario para preservar la confianza en el sistema y evitar mayores desequilibrios que habrían desestabilizado aún más la economía. Es cierto que se han abocado muchos recursos a determinadas entidades y que eso exige un retorno a la economía real, pero hay que cumplir los compromisos europeos asumidos, aunque a un ritmo adecuado", ha añadido.

Pedro Azpiazu, del PNV, ha reconocido no entender la propuesta, porque el endeudamiento está "perfectamente delimitado" y si únicamente se refiere al rescate bancario se trata de una cantidad "perfectamente delimitada" que no requeriría de auditoría. Por eso, ha avanzado su abstención.

No obstante, ha coincidido en que es necesaria una mayor reflexión sobre la política de emisión de deuda del Gobierno (momento, tipos de interés, cantidades, características de los bonos, etc.) y también sobre el papel del Banco Central Europeo (BCE) y sobre en qué materias el país está dispuesto a endeudarse y en cuáles no.

EL GRUPO MIXTO APOYA LA PROPUESTA

Sin embargo, varias formaciones del Grupo Mixto sí han expresado su apoyo a la propuesta. Así, Olaia Fernández Davila (BNG) la considera "oportuna" para saber qué créditos se pueden "aplazar" para evitar el "desmantelamiento del Estado del Bienestar". Rafael Larreina (Amaiur), por su parte, también cree que se trata de "un importante ejercicio de reflexión para romper con la dinámica de incremento desaforado de la deuda pública a cargo de la presión fiscal".

La diputada de ERC Teresa Jordà también ha defendido que la deuda "debe pagarla quien la ha contraído" y no, como está sucediendo, se debe cargar a la sociedad con la devolución "a escote" de lo que ha costado "el festival en el que han vivido otros como los gobernantes, los empresarios y los banqueros".