Economía.- La Seguridad Social exije a la UTE de Telefónica, Indra y Fucoda que garantice la calidad del servicio

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social exigió hoy a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Fucoda, Indra y Telefónica, que cumpla el contrato adjudicado para la digitalización de los expedientes de recaudación y afiliación del polígono industrial de Walka (Huesca) tras detectar un alto índice de errores, según informó el organismo en un comunicado.

Representantes de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) se reunieron hace mes y medio en Madrid con los representantes de las empresas para trasladarles su inquietud y advertirles de la pérdida de calidad de los trabajos que se estaban realizando.

Dado que la falta de calidad en la digitalización de documentos se ha agravado últimamente, la TGSS exigió a las empresas que componen la UTE que repitan la digitalización de los expedientes remitidos con un alto índice de errores.

Por su parte, la UTE reconoció la existencia de este problema y solicitó al organismo que no enviara nuevos expedientes a Walka hasta que se digitalizaran correctamente los pendientes con el fin de no saturar sus instalaciones.

La TGSS matizó que "en ningún momento" ha exigido la paralización del trabajo que debe desarrollar la UTE, sino que ha vuelto a requerir a las empresas la mejora de su gestión y una planificación del proyecto más exigente.

El organismo aseguró que hasta la fecha ha cumplido todos sus compromisos económicos y recordó que en el presente ejercicio aumentó en un millón de euros más la inversión inicial prevista para el Centro de Digitalización, hasta alcanzar los 9,5 millones de euros.

Asimismo, la TGSS apuntó que esta inversión ha dado lugar a la creación de alrededor de 220 puestos de trabajo. Este proyecto de Walka supone digitalizar todos los expedientes de inscripción de empresas para reforzar la confidencialidad y la accesibilidad a los datos.

Por último, el organismo aclaró que este proyecto no es una externalización de su actividad, ni tampoco se trata de una subcontrata o figura jurídica similar, sino de una contratación de un servicio mediante el sistema de procedimiento abierto, tal como establece la Ley de Contratos del Sector Público.