Bruselas propone que las empresas de más de 50 empleados cuenten con canales para denunciar la corrupción

La Comisión quiere asegurar el mismo nivel de protección a denunciantes en todos los Estados miembros

BRUSELAS 23 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea ha propuesto este lunes una nueva normativa comunitaria para que todas las empresas de más de 50 empleados o con un volumen anual de ingresos superior a 10 millones de euros cuenten con canales internos que permitan a los trabajadores denunciar un caso de corrupción o una ilegalidad "que afecte negativamente al interés público", y que éstos reciban el mismo nivel de protección en todos los Estados miembros.

La propuesta legislativa presentada por Bruselas pretende evitar las amenazas y asegurar la protección jurídica a denunciantes a través del establecimiento obligatorio de "canales seguros" de denuncia tanto a nivel interno (en la empresa) como externo (autoridades competentes) para informar de ilegalidades en numerosos ámbitos, desde las finanzas hasta la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente.

Así, la normativa europea obligaría a compañías medianas y grandes a designar una persona o un departamento responsables de recibir y dar respuesta en un plazo de tres meses a las denuncias de un empleado así como de informar a éste los procedimientos legales, mientras que los Estados miembros deberán establecer qué autoridades serán las competentes para tratar las denuncias y designar personal y canales "accesibles" distintos de los sistemas de queja tradicionales.

La Comisión prevé un sistema de denuncia a tres niveles, de manera que el trabajador haga primero la denuncia a nivel interno, y tras ello informe a las autoridades públicas competentes si esos canales internos no funcionan o prevé que esta acción pueda poner en riesgo la efectividad de una investigación -por ejemplo si cree que alguien de la empresa va a destruir pruebas.

El último nivel pasaría por informar a medios de comunicación o al público en general si las autoridades públicas no responden en un plazo razonable de tres meses -seis para los casos más complejos- o en el supuesto de un peligro "inminente o claro" para el interés público o un daño "irreversible".

Asimismo en caso de que se produzcan amenazas hacia el denunciante, la carga de la prueba recaerá en la persona u organización que deberán probar que no están infligiendo amenazas o coacciones contra el trabajador que ha denunciado una irregularidad. Por otro lado, los denunciantes se beneficiarán de una protección reforzada en el procedimiento judicial de manera que no podrán ser acusados de ser los responsables de revelar las informaciones.

Muchos escándalos recientes nunca hubieran salido a la luz si algunos empleados no hubieran tenido el coraje de hablar. Pero los que lo hicieron asumieron riesgos enormes. La propuesta de hoy protegerá a aquellos que sirvieron de fuentes para periodistas de investigación, ayudando a asegurar que la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación son defendidas en Europa", ha asegurado el vicepresidente de la Comisión Frans Timmermans.

El Ejecutivo comunitario espera que la nueva normativa obtenga el visto bueno del Parlamento y el Consejo cuanto antes para que sea finalmente adoptada "antes de las elecciones europeas" de mayo de 2019, según ha asegurado Timmermans en rueda de prensa. Bruselas pretende así responder con mecanismos legales a los últimos escándalos de revelaciones como el de Facebook y Cambridge Analytica, los llamados Papeles de Panamá o el Dieselgate.

EL FRAUDE FINANCIERO, CUBIERTO POR LA NUEVA NORMATIVA

Timmermans también ha sido preguntado en rueda de prensa por el caso de Hervé Falciani, el informático y exempleado del banco HSBC sobre el que pesa una orden de arresto y extradición emitida por las autoridades de Suiza donde fue declarado culpable de un delito de espionaje económico tras hacer pública una larga lista de defraudadores fiscales, y el cual fue arrestado en Madrid recientemente y puesto en libertad con la prohibición de salir del país.

"No conozco el caso así que no puedo responder sobre un caso que no conozco, pero en general el fraude financiero forma parte de nuestra propuesta, por lo que estaría cubierto por la nueva normativa", ha afirmado el vicepresidente de la Comisión.