Economía.-El Gobierno aprueba el recorte en la prestación por desempleo a partir del séptimo mes para nuevos perceptores

Elimina el subsidio especial por desempleo para mayores de 45 años y modifica los salarios de tramitación

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado el recorte en la prestación por desempleo para los nuevos perceptores que a partir del séptimo mes verán calculada su prestación con el 50% de la base reguladora, en lugar del 60% como se hacía hasta ahora.

Esta medida no afecta a los actuales perceptores sino sólo a los nuevos beneficiarios y únicamente tendrá efectos a partir del séptimo mes de cobro de la prestación, según ha explicado el Gobierno.

Tampoco afecta a los topes mínimos que, para el caso de los perceptores sin hijos, será 497 euros/mes, y perceptores con hijos, 665 euros/mes, de forma que se estima que quedarán exentos de la medida al menos el 27% de los potenciales nuevos perceptores.

Además se ha aprobado una "racionalización" en el subsidio para mayores de 52 años, y se ha eliminado el subsidio especial para mayores de 45 años, aunque el Gobierno subraya "que siguen teniendo garantizada la cobertura del subsidio ordinario".

Actualmente las personas trabajadoras que han agotado la prestación contributiva, no tienen responsabilidades familiares y tienen 45 años o más, tienen un subsidio por un periodo de seis meses por una cuantía mensual igual al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM): 426 euros/mes en 2012.

Entre las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomentar la competitividad, también se suprimen todas las bonificaciones a la contratación a excepción de las destinadas a la contratación de personas con discapacidad, así como a la contratación, a través de nuevo contrato de apoyo a los emprendedores, de jóvenes, mayores de 45 años parados de larga duración y mujeres.

Se mantienen igualmente las bonificaciones a la contratación de jóvenes que se constituyan como autónomos, y personas que sustituyen a trabajadores en baja por maternidad y a víctimas de violencia de género.

El Gobierno destaca que "las bonificaciones tienden a ser más efectivas cuando se dirigen a colectivos con dificultades objetivas y especiales para acceder al mercado de trabajo, según las conclusiones de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios".

SUBSIDIOS MÁS RIGUROSOS

Además se ajusta el cómputo de rentas asociadas al patrimonio para el acceso a subsidios. En concreto, a fin de reforzar el principio de equidad y reforzar la coherencia del sistema, se incrementa la imputación de rentas derivada del patrimonio, limitando el acceso al subsidio a aquellos individuos cuya riqueza les permite una cobertura suficiente de sus necesidades.

Se modifican las condiciones de acceso a la Renta Activa de Inserción (RAI), de forma que ahora se exige que previamente se haya agotado la prestación contributiva o el subsidio por desempleo, así como que durante un año no se haya rechazado ninguna oferta de empleo adecuada, ni se haya negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales. En cualquier caso, las mujeres beneficiarias de la Renta Activa de Inserción que hayan sido víctimas de violencia de género seguirán cobrando la ayuda.

SALARIOS DE TRAMITACIÓN

Por último, el Gobierno ha modificado el régimen de reclamación al Estado del abono de los salarios de tramitación en los casos de despido declarado nulo o improcedente por sentencia judicial firme.

A partir de ahora, los pagará el Estado cuando la resolución judicial se dicte transcurridos noventa días hábiles desde el momento en que se presentó la demanda y por el tiempo que exceda de ese plazo. La reforma que ahora se efectúa no supone ninguna merma al derecho de los trabajadores a percibir los salarios de tramitación adeudados, puesto que los seguirán cobrando en las mismas condiciones que estaban establecidas.

El Ejecutivo justifica estos cambios en la necesidad de "ajustar los plazos a la realidad de nuestros tribunales y a la respuesta que actualmente puede considerarse adecuada a la vista de la carga de trabajo de los juzgados".