IU confía en crear un millón de empleos con 9.600 millones de inversión pública

Generaría un círculo virtuoso en el que más demanda llevaría a más ingresos tributarios y hasta 300.000 nuevos empleos privados

   MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El portavoz económico de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y próximo candidato de Izquierda Unida a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, ha presentado este miércoles una propuesta para crear un millón de empleos por una inversión neta de 9.600 millones de euros en su primer año de aplicación.

   Este programa de trabajo garantizado, que será una de las piezas angulares de su programa electoral en el ámbito laboral, se inspira en la teoría monetaria moderna y en el libro del profesor L. Randall Wray sobre este asunto, que aporta un discurso alternativo a las teorías convencionales sobre cómo debe gastar e invertir el Estado para mejorar el bienestar social y garantizar el derecho al trabajo que tienen los ciudadanos.

   En concreto, se trataría de que el Estado garantice un empleo remunerado y con condiciones laborales dignas a todos los ciudadanos en ámbitos como la educación, la sanidad, el cuidado de dependientes, mayores o niños; el medio ambiente, el tratamiento de residuos, la rehabilitación de edificios o las energías renovables, entre otras materias.

CON PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

   La sociedad civil definiría las áreas que hay que reforzar e identificaría aquellas actividades que deberían potenciarse o que deben visibilizarse y remunerarse (por ejemplo, el cuidado de los mayores o los dependientes) y, posteriormente, se contrataría a los trabajadores necesarios a través de organizaciones sociales o incluso ayuntamientos y comunidades autónomas, según el tipo de servicio de que se trate.

   "No debe ser un plan jerárquico definido desde arriba, es algo mucho más descentralizado", ha insistido Garzón, diferenciando su propuesta de otros programas como el Plan E que puso en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para generar empleo.

    El Estado sí se encargaría, no obstante, de financiar el programa, que en el primer año en funcionamiento podría crear hasta un millón de puestos de trabajo con un desembolso inicial de 15.000 millones de euros que, restando las cotizaciones sociales y los retornos fiscales, se quedarían en unos 9.600 millones de euros de inversión neta, financiables mediante una reforma fiscal y la lucha contra el fraude.

   IU reconoce, sin embargo, que "para el primer desembolso tal vez sería necesario recurrir directamente a préstamos del Banco Central Europeo (BCE) utilizando el Instituto de Crédito Oficial (ICO)" y que, como último recurso, se podría acudir a los acreedores privados.

   Según Garzón, el programa se aplicaría "de forma gradual y por etapas" y buena parte de la inversión inicial se recuperaría a través de nuevos ingresos tributarios generados y también de los nuevos empleos en el sector privado --entre 200.000 y 300.000, según IU-- que el fomento del consumo por un mayor poder adquisitivo de los ciudadanos generarían.

   "Así se podría llegar al pleno empleo en un corto espacio de tiempo, más rápido desde luego que con otras opciones (de política económica) que ni siquiera aspiran a ello", ha explicado el diputado malagueño, que cree que el coste del programa es "nimio" comparado, por ejemplo, con el rescate bancario o incluso con el coste derivado del alto nivel de paro actual.

TRABAJO INDEFINIDO

   Por su parte, los ciudadanos conseguirían un contrato indefinido por salarios de entre 900 y 1.200 euros brutos al mes en doce pagas, compatibles con otro tipo de prestaciones (salvo la de desempleo) y con otros pagos como las cotizaciones, las ayudas para transporte o los permisos para vacaciones o paternidad.

   Este salario establecido funcionaría además como "salario mínimo de facto" dado que "es muy difícil que alguien que puede trabajar por 900 euros vaya a elegir hacerlo donde le pagan menos", lo que forzará a las empresas privadas a ofrecer salarios y condiciones laborales mejores y permitirá que los ciudadanos "no se vean obligados a aceptar trabajos basura y condiciones de semiesclavitud", ha destacado Garzón.

   La idea es que el modelo, que será de ámbito nacional debido fundamentalmente a la estructura fiscal de España --el Estado es el que se encarga de recaudar el grueso de los impuestos--, tenga aplicaciones adaptadas a las condiciones de cada territorio y se establezcan requisitos no discriminatorios para los diferentes empleos.

   "Es posible hacer este plan en los márgenes de la UE, y podría ser incluso más ambicioso con otra arquitectura comunitaria que no actuara como una camisa de fuerza y si el BCE fuera verdaderamente independiente y estuviera al servicio de la gente", ha añadido el dirigente de IU, que no descarta presentar alguna iniciativa parlamentaria sobre este asunto antes de que acabe la legislatura.

HAY ALTERNATIVA

   Alberto Garzón ha hecho hincapié en que hay alternativa al "pensamiento único neoliberal" y ha subrayado que esta propuesta de trabajo garantizado redundaría en una mayor estabilidad política, al reducir la pobreza y la desigualdad, y además responde a una demanda de mayor democratización de la economía y de un reparto de la riqueza más justo.

   "Sin trabajo y sin derechos sociales no hay democracia", ha subrayado, asegurando que técnicamente es posible poner en marcha esta propuesta y que lo único que falta es "voluntad política". "Si (el presidente Mariano) Rajoy quisiera, podría ponerlo en marcha mañana mismo", ha zanjado.

   Por su parte, Randall Wray, que ha estado presente en la presentación de la propuesta, ha rechazado las teorías que equiparan el funcionamiento del Estado con el de una familia, ya que el primero puede emitir su propia moneda y no puede quedarse sin dinero, por lo que sus opciones de gasto e inversión son diferentes y la austeridad no es la única salida posible.

   Esto hace plausible el trabajo garantizado, que ya se aplicó de alguna manera en los años 30 del siglo XX en Estados Unidos con el 'New Deal' de Franklin D. Roosevelt, pero también en Argentina y, más recientemente, en la India, que incluso ha "incluido en su Constitución el derecho al trabajo", que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU también recoge.

   La diferencia con este tipo de propuestas aplicadas hasta la fecha en otros países --"Casi todos los que tienen un paro inferior al 2%", según el profesor estadounidense-- es que la ambición de IU es que sea "universal y permanente", y que no se desactive una vez superada la crisis.