Empleo achaca a "falta de coordinación" y otras "deficiencias" las irregularidades en las bajas temporales

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El Gobierno achaca a la "falta de coordinación eficaz" entre administraciones públicas y a otras "deficiencias internas" las irregularidades en la gestión de la incapacidad temporal detectadas por el Tribunal de Cuentas, y exime de toda responsabilidad en este sentido tanto a los trabajadores como a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.

   Así lo señala en respuesta al diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar Llamazares, quien preguntó por escrito por las medidas de control que se adoptarán para atajar la "gestión mala e ineficaz de los procesos de bajas e incapacidades por parte de las Mutuas", después de que el Tribunal de Cuentas publicara un informe en el que se cifra en 1.185 millones de euros el gasto indebido que la Seguridad Social sufrió entre el 1 de octubre de 2010 y el 31 de diciembre de 2012.

   En su texto, que recoge Europa Press, el Ejecutivo afirma que "la Seguridad Social no hace responsables a los trabajadores de las deficiencias de control que podrían existir sobre los procesos de incapacidad", porque esa función no recae sobre ellos y porque el propio Tribunal de Cuentas se refiere "fundamentalmente al control informático de la información" como punto generador del problema.

YA SE TRABAJA EN CORREGIRLO

   "Las deficiencias señaladas en el informe (del organismo fiscalizador) no cuestionan ni insinúan que la entidad gestora del proceso se haya abstenido de desarrollar sus funciones. Tampoco atribuye a los trabajadores la responsabilidad de aquellos procesos de duración excesiva", afirma el Ejecutivo, que subraya que de hecho son los trabajadores los que "soportan las consecuencias" de las deficiencias.

   A renglón seguido, recuerda que "en todo momento" se ha reconocido que las irregularidades en esta materia se originan "principalmente por una falta de coordinación eficaz entre las administraciones públicas o por deficiencias en la gestión interna de las funciones sanitarias".

   Unos problemas que la Seguridad Social "pretende corregir" mediante el proyecto de ley de Mutuas y el decreto de incapacidad temporal, aprobado el pasado 18 de julio por el Consejo de Ministros, donde se introducen medidas que "elevarán los niveles de coordinación entre los agentes implicados y de transparencia y eficacia a favor de los ciudadanos".

SE HAN ENDURECIDO LOS CRITERIOS

   Por otra parte, Llamazares advierte de que entre las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas se incluye la calificación de procesos de incapacidad temporal por contingencias profesionales como procesos por contingencias comunes, lo que "supone un perjuicio para las prestaciones que debería recibir el trabajador".

   Asimismo, el diputado de la Izquierda Plural denuncia "altas prematuras" aprobadas por las mutuas, con "consecuencias nefastas, como el suicido reciente de un paciente con depresión"; o "negativas incomprensibles a prórrogas de bajas en casos de efectos crónicos de intoxicación por mercurio en la empresa asturiana AZSA". "Todo para que al final sólo quede la Justicia para reconocer la enfermedad o la incapacidad, tarde y mal", añade.

   "¿Qué piensa hacer el Gobierno para garantizar el derecho a la salud de los trabajadores? ¿Qué va a hacer para que prevalezca la atención sanitaria frente a las prisas de la empresa? ¿Qué piensa hacer para flexibilizar los durísimos criterios del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en las prórrogas de bajas e incapacidades?", pregunta.

    En este sentido, el Gobierno recuerda que las mutuas se encargan de controlar y seguir los procesos derivados de contingencias comunes y de emitir los partes médicos "con sus consiguientes controles implícitos", en los casos derivados de contingencias profesionales.

   En cualquier caso, niega que el INSS haya endurecido  para el caso de los empleados de AZSA sus criterios de valoración de la capacidad laboral, que son "los que generalmente se aplican a todos los trabajadores". "Es decir, se aplican los criterios clínico-laborales de la misma manera que a todos los trabajadores, con independencia del sector en que estén encuadrados", zanja su respuesta.