UGT denuncia que el Gobierno "criminaliza" a los desempleados para ahorrarse dinero en prestaciones

Actualizado: martes, 21 mayo 2013 15:54

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

UGT ha denunciado este martes que el Gobierno ha emprendido una "cruzada" para ahorrarse dinero en prestaciones por desempleo, pero no a través de incentivos al empleo, sino de "criminalizar" a los desempleados, sobre los que además se está utilizando una "doble vara de medir" según cobren o no prestaciones.

El sindicato ha criticado en un comunicado que el Plan Nacional de Reformas contempla un nuevo sistema de gestión de prestaciones, asignado a una consultora privada, para controlar mejor los posibles incumplimientos de las obligaciones que tienen los perceptores de prestaciones por desempleo.

La organización que dirige Cándido Méndez ha advertido además de que el Gobierno está centrando sus esfuerzos en devolver al mercado laboral a los parados que perciben prestación, frente a los que no la cobran, sobre todo si se encuentran entre los 20 y los 45 años.

En este sentido, UGT recuerda que el 'contrato estrella' de la reforma laboral del Gobierno, llamado contrato de emprendedores, busca precisamente bonificar a las empresas que contratan parados con prestación.

Asimismo, el sindicato denuncia que el Servicio Público de Empleo madrileño está efectuando "citaciones masivas" a parados perceptores de prestaciones para que se presenten en sus oficinas, pero no con el objetivo de ofrecerles empleo o formación.

UGT asegura que estas citaciones no son por carta certificada, pero recuerda que la no presentación implica la suspensión de la prestación. Además, el sindicato afirma que se han fijado objetivos a las oficinas de empleo para que el menos el 8% de las personas citadas sean propuestos para una sanción en su prestación.

La organización sindical critica esta "cruzada" contra los parados y asegura que éstos quieren y están dispuestos a trabajar. Así, argumenta que sólo el 0,2% del total de perceptores por desempleo (3.427) fueron baja en 2012 por no participar en las acciones propuestas por los servicios de empleo autonómicos.