En Comú quiere blindar las condiciones laborales en las cooperativas de trabajo asociado

Aina Vidal, diputada de En Comú
UNIDOS PODEMOS
Publicado: lunes, 5 febrero 2018 12:21

Lleva al Congreso una ley para que estén amparados por el convenio de aplicación en la empresa matriz y dados de alta en el Régimen General

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

En Comú Podem quiere blindar las condiciones laborales de las cooperativas de trabajo asociado para que estos trabajadores estén amparados por el convenio de aplicación en la empresa para la cual prestan sus servicios y que estén dados de alta en el Régimen General como empleados por cuenta ajena.

Para ello, han registrado en el Congreso una proposición de ley en la que modifican tanto la Ley General de la Seguridad Social como la Ley de Cooperativas, así como el Estatuto de los Trabajadores, pues buscan que los socios trabajadores de estas cooperativas estén dentro del mismo.

De esta forma, pretenden que ni los estatutos ni el reglamento ni los acuerdos adoptados por los órganos de la cooperativa y los principios cooperativos no puedan contravenir lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

ABUSO DE ESTA FÓRMULA DE SUBCONTRATACIÓN EN LA INDUSTRIA CÁRNICA

La ley, firmada por la portavoz laboral de la formación catalana, Aina Vidal, viene tras una proposición no de ley registrada por varias diputadas de En Comú, Vidal entre ellas, en la que alertaban de las condiciones laborales que se derivaban de estas situaciones de subcontratación, especialmente en el sector de la industria cárnica y los mataderos de conejos y aves.

Así, denuncian el abuso de esta fórmula, empleada con el objetivo de evitar dar de alta a los trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social y no abonar las cotizaciones, pagar peores salarios y establecer peores condiciones laborales, con jornadas más largas, ausencia de formación y de medidas de prevención de riesgos laborales.

LA ACTUAL REGULACIÓN, "UNA INVITACIÓN AL FRAUDE"

En Comú considera que la posibilidad de elegir entre el Régimen General y el de autónomos "es una invitación a la utilización fraudulenta de la figura 'legal' de las cooperativas de trabajo asociado", pues esta fórmula permite reducir costes a la empresa, aunque a costa de las condiciones laborales de los trabajadores y de las arcas públicas de la Seguridad Social.

Estas cooperativas, relata la formación, suelen constituirse a instancia de la propia empresa industrial, que obliga a los trabajadores a asociarse para poder acceder a un trabajo. "En la mayoría de los casos, se trata de falsas cooperativas con falsos trabajadores autónomos", subrayan.

Todo ello a pesar de que en el convenio colectivo del sector se estableció un límite máximo de trabajadores de estas cooperativas del 15% y se plasmó la necesidad de reducir al máximo estas fórmulas. En Comú denuncia que se ha producido "un crecimiento exponencial" en los últimos años de este fenómeno, siendo "habitual" que el número de trabajadores autónomos socios de estas cooperativas sea superior al número de asalariados de la empresa industrial.

UN 35% MENOS DE SUELDO, UN 23% MÁS DE JORNADA

Las consecuencias de estas prácticas, denuncian, pasan por una devaluación del 35% del salario, pues al no estar contratados directamente no se les encuadra en la categoría profesional correspondiente y no se les paga lo recogido en el salario, y jornadas laborales hasta un 23% más largas.

Estos trabajos, además, están expuestos a un mayor riesgo para la salud pues, además de caracterizarse por una utilización intensiva de mano de obra, se caracterizan por su exceso de jornada, una reducción de descansos, la falta de formación profesional y evaluación y la ausencia de medidas de riesgos laborales.

MIGRANTES OBLIGADOS A ACEPTAR LAS CONDICIONES

"Esta situación de precariedad es aún más grave si se tiene encuentra que la mayoría de los trabajadores afectados son personas migrantes, que se ven sometidas a aceptar estas condiciones para mantener su situación legal", abundan los diputados de En Comú en su iniciativa.

Por ello, reclaman el establecimiento de medidas "que combatan el 'dumping' empresarial y que reviertan las condiciones de trabajo de absoluta precariedad", así como la puesta en marcha de una campaña de control de las leyes laborales en este sector por parte de la Inspección de Trabajo.