El Congreso rechaza la propuesta del PSOE para compensar a clientes de participaciones preferentes

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Economía del Congreso de los Diputados ha rechazado este miércoles una iniciativa presentada por el PSOE para exigir al Gobierno que garantice a los clientes que contrataron participaciones preferentes la recuperación de su capital inicial y que regule la información que se da sobre estos productos financieros, garantizando que se ofrecen a personas con conocimientos suficientes para valorar sus riesgos.

El diputado Antonio Hurtado ha apuntado que aproximadamente un millón de personas invirtieron en estos productos un total estimado de más de 10.000 millones de euros. Sin embargo, la información que recibió la mayoría de ellos sobre condiciones de rentabilidad y liquidez fue, "como mínimo, inadecuada, incompleta e imperfecta, cuando no fraudulenta".

Por eso, insta al Gobierno a adoptar "acuerdos con las entidades financieras" o "cuantas medidas normativas sean necesarias" para garantizar la liquidez de estas participaciones preferentes "comercializadas inadecuadamente", con la recuperación de lo invertido "sin pérdida de capital".

Además, reclama "medidas que garanticen la suficiente información de las características y el riesgo" de cualquier producto financiero, así como que se "facilite el asesoramiento" a los clientes, a quienes se debe garantizar una "información contractual clara y sencilla, con un resumen en donde deben aparecer todas las condiciones financieras".

SOLUCIONAR DEFINITIVAMENTE EL PROBLEMA

El portavoz económico de IU-ICV-CHA, Joan Coscubiela, ha aprovechado el debate de esta iniciativa para "reflexionar sobre las consecuencias de algunos comportamientos de las entidades financieras", que no se limitan únicamente a los afectados por estos productos, sino también a algunos trabajadores que "sufren en términos de salud" por culpa de la "presión muy fuerte" a la que se ven sometidos para 'colocar' las participaciones preferentes.

Por ello, ha apoyado la propuesta y ha presentado enmiendas para impulsar cambios en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que revise exhaustiva de los test de conveniencia, para desarrollar normas para que las entidades financieras "respeten las normas de conducta" y para sancionar a las que incumplan esos requisitos legales.

La diputada Inmaculada Riera, de CiU, también ha subrayado que "este problema requiere una solución definitiva y tutelada por el Gobierno", y ha respaldado la propuesta socialista para "aumentar la transparencia y poner fin al conflicto", aunque ha puntualizado que sus enmiendas van en la línea de "delimitar las responsabilidades" antes de "garantizar la liquidez de estos productos la mejor forma de proceder y dar respuestas realistas y contundentes" a los afectados.

El BNG ha votado favorablemente. Su portavoz, Francisco Jorquera, ha calificado la situación en la que se encuentran los suscriptores de estos productos financieros de "corralito" y ha reclamado que se incluya una petición expresa de "responsabilidad" al Banco de España y a la CNMV que, a su entender, deberían "iniciar una campaña de inspección sobre la comercialización de las entidades financieras de las participaciones preferentes y otros instrumentos financieros opacos y complejos entre ahorradores e inversores minoristas".

PROPUESTA INCONCRETA

Sin embargo, el PP ha votado en contra de la iniciativa que, aunque hace referencia a un problema "importantísimo", en palabras del diputado Eloy Suárez, adolece de "inconcreción" en las medidas propuestas y busca únicamente "un lavado de conciencia" de los socialistas por su "incapacidad para atajar este problema" mientras ocuparon el Gobierno.

"También nosotros estamos convencidos de que estos instrumentos de riesgo se han comercializado sin cumplir a veces la normativa e incluso induciendo al error. Pero esto no es nuevo", ha aducido, recordando asimismo que los grupos parlamentarios ya han pedido la creación de una subcomisión en la Cámara baja para hacer un seguimiento del proceso de reestructuracion del sector bancario donde se podrán abordar este tipo de asuntos.