Economía/Macro.- Economía asegura que la supresión de cargas administrativas sumará tres décimas al crecimiento del PIB

La trasposición de la directiva de servicios limitará las restricciones a la actividad y respetará las competencias autonómicas

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros remitió hoy a información pública el borrador del anteproyecto de Ley de transposición en España de la directiva de servicios, que, entre otras cosas, permitirá sumar tres décimas al crecimiento del PIB, sólo por el efecto dinamizador de la reducción de cargas administrativas, según explicó en un encuentro con los medios el secretario de Estado de Economía, David Vegara

Además, esta normativa aumentará la competitividad de la economía, de forma que, sólo el beneficio en términos de intercambio comercial internacional se traducirá en un incremento de 8 décimas en el peso del sector servicios en el PIB (actualmente del 66,7%) y de tres décimas en aportación al empleo (actualmente del 66,2%).

Estos son algunos de los beneficios que, según Economía, reportará la trasposición de la directiva, que previsiblemente entrará en vigor a lo largo de 2009, y que se verá completada por una 'Ley Omnibus', que contemplará la modificación de hasta 7.000 normas actualmente vigentes (80 leyes estatales, 370 con rango inferior y otras normas autonómicas y municipales) para su adecuación al nuevo marco.

Según precisó Vegara, la nueva normativa viene a corregir un marco regulatorio "ineficiente, restrictivo y poco transparente" que explica, por ejemplo, hasta seis décimas del actual diferencial de inflación, de un punto, respecto a la UE-15 y con él de gran parte del deterioro del comercio exterior.

LIBRE ACCESO Y EJERCICIO.

La principal novedad que aportará es el principio de libre acceso y ejercicio y la prohibición, por regla general, de las restricciones previas a la constitución y desarrollo de cualquier actividad, de modo que éstas se establecerán sólo cuando sean justificadas, proporcionadas y no discriminatorias, a modo de regulación a posteriori.

Así, se eliminarán trabas como la la limitación para elegir la forma del establecimiento, requisitos sobre la composición de la plantilla, restricciones a la publicidad o sobre la forma jurídica que debe adoptar el prestador.

Según este "nuevo enfoque" del marco regulatorio, sólo se establecerán restricciones previas, a modo de excepción, cuando las actividad a regular así lo requieran. Con todo, en este caso, se simplificará el procedimiento administrativo, éste será transparente y de carácter indefinido temporalmente y a nivel nacional.

Con estos cambios se quiere corregir situaciones como que las autoescuelas no puedan operar más que a nivel provincial o reducir el tiempo de creación de una empresa de fontanería, que oscila, dependiendo de la comunidad autónoma, entre los 15 y los 240 días, con un coste entre los 100 euros y los 2.700 euros. Cuestiones que, según Economía, suponen un obstáculo para el desarrollo económico del sector servicios.

MENOS CARGAS ADMINISTRATIVAS.

Además, por regla general, se sustituirán las autorizaciones por notificaciones, reduciendo así las trabas y obstáculos al acceso y ejercicio de una actividad. Asimismo, la nueva normativa prevé la simplificación de los trámites administrativos (en beneficio especialmente de las pymes) impulsando la ventanilla única, así como garantías de información a los ciudadanos.

Por otro lado, la normativa garantizará la calidad de la prestación a través del refuerzo de los servicios de inspección y control. En esta línea, se prevé reducir a un mes el plazo máximo para dar respuesta a las reclamaciones presentadas por parte de los consumidores.

Además, se creará un Comité para la mejora de la regulación de las actividades, formado por las tres administraciones, con el objetivo de coordinar la correcta trasposición de la directiva.

NO AFECTARÁ A LOS SERVICIOS FINANCIEROS.

Por otro lado, Vegara explicó que la nueva normativa de servicios afectará a los servicios con contrapartida económica de prestadores establecidos en España o la UE, y no a aquellos sin esta contrapartida y de interés general.

Así, afecta a prácticamente todos los sectores (desde establecimientos comerciales hasta entidades culturales pasando por servicios de reparación), y deja fuera a otros muy específicos que ya cuentan con sus propias directivas a nivel europeo (financiero, transporte, telecomunicaciones, audivisuales) o a actividades como sanidad, servicios sociales o empresas de trabajo temporal.

Sí afectará, sin embargo, aunque no de forma directa, a los colegios profesionales. En este caso, se revisará los requisitos que establecen para su acceso, entre los que Vegara destacó, por ejemplo, el requisito de buena conducta. Así, éstos desaparecerán en el caso de que sean discriminatorios, no justificados o desproporcionados.

En este punto, Vegara señaló que en ningún caso se modificará el status de estos colegios. Además, apuntó que se abordará en los próximos meses una ley específica para los colegios profesionales. Para zanjar la cuestión, Vegara precisó que, en ocasiones, la Administración descarga parte de su capacidad regulatoria sobre ellos, y que, por eso, es importante su colaboración en la aplicación de la directiva.

COLABORACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES.

Asimismo, Vegara insistió en que la comprobación de las normas vigentes, así como el control de la aplicación de la norma dependerá de la autoridad competente, con lo que comunidades autónomas y ayuntamientos también serán "responsables" de la supervisión de los prestadores y de sus servicios para evitar la duplicación de controles.

En este sentido, y tras dejar claro que la directiva no supone ninguna reorganización competencial entre las administraciones, el secretario de Estado de Economía destacó la importancia de la colaboración de los distintos niveles de la administración.

A nivel europeo, las autoridades competentes españolas también estarán obligadas a cooperar con los de los demás Estados miembros y con la Comisión Europea.

Asimismo, Vegara se mostró convencido de que todas las administraciones habrá actualizado su normativa y adaptado sus procesos administrativos a la nueva normativa a 31 de diciembre de 2009, fecha límite por mandato de la UE.

BENEFICIOS MACROECONÓMICOS.

Según precisó Vegara, esta ley tienen una "importancia capital" dado que el sector servicios es "uno de los motores de crecimiento económico". No obstante, además de su notable aportación al PIB y el empleo, este sector supone en torno al 38% de los consumos intermedios y cerca del 40% del gasto medio de los hogares.

Más concretamente, la norma, al permitir la libre prestación de servicios para prestadores ya establecidos en otro Estado miembro, salvo en determinados ámbitos de interés general (desplazamiento de trabajadores, servicio postal, reconocimiento de cualificaciones protfesionales, etc.), atraerá, según Economía, una mayor inversión extranjera, sin perjuicio para el comercio nacional.

De la misma forma, tras insistir en que no afectará a la normativa laboral española, apuntó que "no representa ninguna amenaza liberalizadora ni privatizadora de los servicios públicos".

Desde su paso a audiencia pública, el anteproyecto de Ley sobre el Libre Acceso y Ejercicio de las Actividades de Servicios será sometido a la consulta de las comunidades autónomas, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y el Consejo Económico y Social (CES), entre otros.

Está previsto que ya en el mes de diciembre se introduzcan todas las observaciones surgidas en este proceso para recibir el dictamen del Consejo de Estado y pasar en segunda vuelta al Consejo de Ministros, de forma que el proyecto de Ley podrá pasar a tramitación parlamentaria a principios de 2009. Por su parte, el anteproyecto de la 'Ley Omnibus' comenzará su tramitación entre finales de este año y comienzos de 2009.