Estudia un proceso excepcional para reducir la temporalidad del 25% al 8% en tres años en estos tres sectores MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Hacienda y Función Pública presentará una oferta de empleo público (OEP) para este año que será superior a la del ejercicio anterior, con una tasa de reposición superior al 100% de las jubilaciones que se produzcan en los sectores de Educación, Sanidad y Justicia, y del 50% en el resto de ámbitos, y planea un proceso excepcional que permita reducir la temporalidad del 25% hasta el 8%, en un plazo de 3 o más años, según informó CSIF en una nota.
Así se lo han trasladado desde Hacienda a los sindicatos en la reunión de este martes del Grupo de trabajo sobre empleo temporal en las administraciones públicas, en el ámbito de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.
No obstante, CSIF ha señalado que esta propuesta todavía debe definirse al detalle para dar solución al problema del exceso de interinidad las administraciones, incluyendo a la totalidad de los sectores y ámbitos.
Según los sindicatos, desde Función Pública les han comunicado que previsiblemente se establecerá una tasa de reposición de hasta el 100% para los sectores denominados prioritarios y hasta el 50% en el resto de los ámbitos, siguiendo la tónica de la oferta de empleo del anterior ejercicio, si bien las organizaciones sindicales defienden la supresión de la tasa de reposición.
En cualquier caso, estos puntos de negociación serán debatidos en próximas reuniones, que concluirán el próximo día 16, donde se podría discutir la revisión de las retribuciones, con la intención de tener cerrado el capítulo de personal antes del día 30 de marzo, para la presentación del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), según habría comunicado Hacienda en la reunión de este martes.
El secretario de Organización de la FeSP-UGT, Frederic Monell, ha subrayado en declaraciones a Europa Press la necesidad de que se convoque la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, ya que en ella se encuentran representados tanto los sindicatos, como la Administración, comunidades autónomas y ayuntamientos.
Monell ha recordado que en la mesa se abordarán problemas que requerirán la participación de todos los agentes implicados y que antes de la presentación del proyecto de presupuestos a finales de marzo existe la obligación de su convocatoria.
De su lado, CC.OO. ha señalado en una nota que el Gobierno "no aporta soluciones para solventar la carencia de empleo público y su precariedad", y ha apuntado que la reunión con la Dirección General de Función Pública, primera de otras cinco previstas este mes, concluye con "débiles acercamientos e importantes diferencias".
Tras la última reunión entre Hacienda y los sindicatos, del pasado 14 de febrero, CC.OO. y UGT enviaron una carta a Montoro en la que le pedían la eliminación de la tasa de reposición y un incremento progresivo de las plantillas, conforme a las necesidades de los servicios públicos en cada administración.
POSIBLE AMPLIACIÓN.
CSIF ha valorado que el Gobierno haya decidido desbloquear la oferta de empleo público con la presentación de un proyecto de presupuestos generales del Estado, tal y como reclamaba, si bien considera que esta primera oferta es "aún insuficiente".
Así, reclama eliminar la tasa de reposición para reducir el déficit de 300.000 empleos perdidos desde 2011 y considera que el proceso todavía tiene "muchas incertidumbres", puesto que los Presupuestos no tienen aún el apoyo de una mayoría parlamentaria estable.
En este sentido, Hacienda ha informado de que podría ampliar el listado de ámbitos de la Administración en los que se podrán cubrir todas las plazas de personal jubilado.
El año pasado estos ámbitos fueron: Educación, Sanidad, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, lucha contra el fraude fiscal, Justicia, extinción de incendios, prisiones o servicios sociales, entre otros.
También ha propuesto un calendario de reuniones para estos próximos días en las que abordar la movilidad interadministrativa, formación, mutualismo, y una última en la que analizar los avances que se hayan producido para, a final de mes, trasladar los resultados a la Mesa General, pendiente aún de convocar.
Desde CC.OO. no entienden que el proceso de dotación estable de esas plazas deba ser mediante un proceso de consolidación universal y apuesta por que se autorice a cada ámbito (comunidades autónomas y entidades locales) la inclusión en sus ofertas de empleo público de dichas plazas, siendo la negociación de cada una de estas administraciones la que concrete procesos y formas que deben tener dichas OEP.
REDUCIR LA TEMPORALIDAD AL 8%.
En lo que se refiere al personal interino, desde el Ministerio de Hacienda se planea realizar un proceso excepcional que permita reducir la temporalidad del 25% hasta el 8%, en un plazo de 3 o más años, en la Educación, la Sanidad y la Justicia, sin hacer mención al resto de sectores, según ha informado CSIF.
Para CSIF, esta propuesta "defrauda las expectativas generadas en miles de personas que siguen con atención los planes del Gobierno, tras conocerse las sentencias del Tribunal de la UE".
Desde UGT, Monell ha indicado que una de las posibilidades pasaría por establecer una excepción en la ley de presupuestos para que los limites que fijan la tasa de reposición hasta ahora pudieran no tenerse en cuenta para aquellos sectores que precisen convocatorias de empleo amplias.
De igual forma, CSIF seguirá trabajando para que Hacienda realice una oferta de empleo público excepcional que permita reducir la temporalidad en las administraciones públicas y en la que se valore la labor y la experiencia de este colectivo, que ha trabajado de manera ejemplar durante estos años de crisis.
Las centrales sindicales denuncian un déficit de 300.000 puestos de trabajo públicos desde 2011 por la no cobertura de jubilaciones, en un contexto, además, que se ve agravado por el envejecimiento de la plantilla pública, ya que el 63% tiene más de 50 años, y en torno a 230.000 se encuentran a las puertas de la jubilación.
Monell también ha marcado la necesidad de que la Mesa General aborde, junto al tema de los interinos, la temporalidad y la oferta de empleo, el punto relativo a la retribución para que no sea un año de "pérdida de poder adquisitivo.
Los sindicatos piden a Montoro un aumento del salario de los empleados públicos de carácter básico que, como mínimo, supere el IPC de 2017, que el Ejecutivo prevé que se sitúe en el 1,2%.
Además, Monell ha hecho hincapié en la importancia de la recuperación de derechos, como la cobertura por Incapacidad Temporal (IT), que ya ha recuperado la Comunidad de Madrid, la jubilación parcial en las administraciones públicas y la posibilidad de alternar con contratos de relevo, entre otros.
PERSONAL EN ENTIDADES LOCALES
Por su parte, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel caballero, mantuvo la semana pasada una reunión con Collado, a la que pidió que en 2017 la tasa de reposición de los empleados públicos locales se fije en el 100%, como mecanismo para recuperar los puestos de trabajo perdidos por las limitaciones planteadas desde 2012 por la normativa de equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera.
Según la FEMP, la norma ha afectado especialmente al a Administración local, que desde 2012 hasta 2016 ha perdido casi 100.000 empleos, que representan una reducción del 15% de disminución de sus recursos humanos. En la Administración General de Estado (AGE) y en las comunidades autónomas los porcentajes de reducción han sido del 11,5% y del 3,7%, respectivamente, según sus cálculos.
A este respecto, Monell ha reiterado la necesidad de la convocatoria de la Mesa General para estudiar la OEP a todos los niveles.