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MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha registrado en el Congreso, para su debate en la Comisión de Fomento, una proposición no de ley con la que exige al Gobierno que anule el incremento del 1,85% de los peajes de las autopistas españolas aprobado para este año, así como que recupere la titularidad de la carretera gallega AP-9 y la haga gratuita.
Los nacionalistas gallegos se quejan en su iniciativa, que recoge Europa Press, de que los peajes vuelvan a subir tras los incrementos que ya experimentaron los pasados dos ejercicios, y que se suman también al efecto del incremento del IVA aprobado en 2012 y a la coyuntura general de crisis económica, incluyendo la subida del precio de los combustibles.
Todo ello está provocando, aseguran, un perjuicio para los conductores, que "no pueden asumir más costes", con la caída del volumen del tráfico que ello comporta en las vías de peaje y el consecuente aumento en otras carretas gratuitas, muchas veces con peores condiciones de seguridad y confort.
La otra cara de la moneda en este asunto son los "grandes beneficios" que las concesionarias de las vías de peaje están consiguiendo gracias a estos incrementos del precio, siempre por encima del IPC salvo en el año 2010, tal y como recuerda el Bloque, que asegura que sólo Audasa (concesionaria de la AP-9) ha recaudado en la última década más de 1.434 millones de euros en dicha autopista, a pesar de que "está más que amortizada".
Por todas estas razones, el BNG exige al Gobierno que anule la subida de peajes que entró en vigor el pasado 1 de enero y que estudie la posibilidad de recuperar la titularidad pública de la AP-9, a fin de convertirla en "una vía pública y gratuita".
DESCUENTOS SEGÚN NECESIDADES
Asimismo, los nacionalistas gallegos critican la insuficiencia de los programas de descuento en los precios de los peajes de la AP-9, que sólo se limitan a los 30 kilómetros del tramo Pontevedra-Vigo, lo que es "verdaderamente insuficiente" y hace esta infraestructura "enormemente cara".
Por eso, reclama que la concesionaria Audasa ponga en marcha un programa de descuentos similar al existente en otras autopistas del Estado, en el que se tengan en cuenta las "diversas situaciones" de los ciudadanos, como son las personas desempleadas, los pensionistas, los profesionales del transporte, los viajeros frecuentes o los discapacitados.