Bruselas retoma negociaciones formales con Rabat para un acuerdo pesquero

BRUSELAS, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea y las autoridades marroquíes retoman este jueves en Rabat las negociaciones formales para tratar de cerrar un nuevo acuerdo pesquero que permita a la flota comunitaria volver a faenar en la zona, tras casi un año sin poder hacerlo por el veto del Parlamento Europeo al convenio pactado hace un año.

La primera ronda de contactos formales, entre el jueves y el viernes, es de carácter "exploratorio" y tiene por objetivo identificar los "aspectos técnicos que permitan una explotación sostenible y rentable de los recursos en el futuro", ha indicado el Ejecutivo comunitario.

También servirá para examinar cuáles son las especies con un "surplus" que pueda ser capturado por la flota comunitaria y entender las modalidades que se pueden ofrecer al sector pesquero marroquí para el apoyo económico.

Para Bruselas es importante lograr un nuevo acuerdo que "esté en línea" con la reforma de la Política Pesquera Común (PPC), incluida su "dimensión externa", que incluye salvaguardas para garantizar el respeto de los Derechos fundamentales. También debe asegurar el "máximo beneficio a las dos partes", según la Comisión.

España, principal flota afectada, y el sector han pedido insistentemente a la comisaria de Pesca, Maria Damanaki, que buscara fórmulas para un nuevo régimen pesquero aceptable para Marruecos y sobre todo para la Eurocámara, que puso en duda la rentabilidad económica y que respetara los Derechos del pueblo del Sáhara occidental.

Los pescadores españoles afectados por la suspensión de la pesca en las aguas gestionadas por Marruecos reciben ayudas para compensar el parón de actividad, después de que el Gobierno decidiera prorrogar estos apoyos hasta diciembre.

Damanaki ha confirmado el lanzamiento de las negociaciones formales en Rabat, que son la continuación de una visita de la comisaria a Rabat en abril.

La comisaria recibió en febrero un mandato de los Veintisiete para negociar el nuevo régimen pesquero.

La posición consensuada por los gobiernos europeos evita cualquier mención expresa al Sáhara occidental, referencia a la que se oponían España y Francia, sino que introduce una "descripción geográfica" de las regiones cubiertas por el acuerdo y que, por tanto, deben beneficiarse de las ventajas que ofrece el pacto. En concreto, el texto menciona el 'sur 27°40'N'.

El texto sí exige a Rabat garantías del "pleno cumplimiento de sus obligaciones en línea con el Derecho internacional".

RESPETO DE DDHH Y PESCA SOSTENIBLE Y RENTABLE

La cuestión del Sáhara occidental, cuya población denuncia la sobreexplotación de sus recursos y reclama que sean excluidos de cualquier acuerdo con Marruecos, es el punto más polémico en las relaciones pesqueras de la Unión Europea con el país magrebí. Pero no ha sido el único escollo, ya que la Eurocámara esgrimió otras dudas respecto a la rentabilidad económica del convenio pesquero y reclamó garantías de pesca sostenible.

Con el compromiso de atender la petición de la Eurocámara, Damanaki ha trabajado en una propuesta que se asienta sobre tres ejes: medioambiental, económico y legal. Es una propuesta modificada porque inicialmente la comisaria intentó, sin éxito, negociar dejando fuera las aguas saharauis.

Finalmente, Bruselas apuesta por un nuevo acuerdo para pescar únicamente el "excedente" que quede acreditado por informes científicos en los caladeros gestionados por Rabat, lo que implicaría revisar el número de barcos, el tipo de artes y las cuotas para la flota comunitaria.

También deja claro que la contrapartida económica por esta pesca debe ser revisada para ser "ajustada" a lo que realmente se captura y se incluirá una cláusula sobre Derechos Humanos y principios democráticos. Marruecos, además, deberá respetar el Derecho internacional e informar "con regularidad" del uso que da a los fondos europeos recibidos y de su impacto en las poblaciones locales.

España es el principal valedor del acuerdo con Marruecos por sus intereses para la flota española y porque considera al país magrebí un socio estratégico de la Unión Europea. El veto ha afectado a 64 barcos españoles, aunque la UE cuenta con más de un centenar de licencias -en su mayoría canarias y andaluzas-- para operar en el marco del acuerdo.

(EUROPA PRESS ECONOMIA)