CiU quiere que parte de los activos del 'banco malo' vayan para alquiler social

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Convergència i Unió (CiU) pretende que las comunidades autónomas y los ayuntamientos puedan gestionar de manera temporal parte de los activos inmobiliarios que las entidades financieras con ayudas públicas tendrán que trasladar a una sociedad gestora o 'banco malo' con el objetivo de poder dedicarlos a vivienda social en alquiler.

Así consta en una de las catorce enmiendas que los nacionalistas catalanes han presentado al proyecto de ley sobre Saneamiento y Venta de los Activos Inmobiliarios del Sector Financiero, que desarrolla el decreto de reforma financiera del pasado mes de mayo.

La iniciativa, que recoge Europa Press, propone que una parte de los activos que sean trasladados a la sociedad gestora sea "cedida temporalmente" a ayuntamientos y comunidades autónomas que tengan programas de política social de vivienda para darle un uso a dichos pisos mientras estén inmovilizados por las circunstancias del mercado.

"Las administraciones podrán administrar esas sociedades directamente o a través de entidades sin fines de lucro", precisa a renglón seguido la enmienda. Además, indican que la transmisión de los activos inmobiliarios a dicha sociedad gestora deberá concluir antes del 30 de junio de 2013 o, en su defecto, el día que termina el plazo para cumplir con las provisiones requeridas por el Ministerio de Economía.

RETRIBUCIONES BANCARIAS

Los nacionalistas catalanes también insisten en la necesidad de limitar aún más las retribuciones de los directivos al frente de entidades bancarias que requieran fondos públicos, quienes a partir de este año no debería percibir ninguna retribución variable ni beneficios discrecionales de pensiones.

Estas limitaciones se deberían mantener durante todo el tiempo que subsista el apoyo público, mientras que en las entidades con ayudas del FROB pero no participadas mayoritariamente por dicho fondo se diferirá tres años esta retribución variable, si bien para cobrarla la entidad deberá haber alcanzado los resultados planificados.

Además, en los nuevos contratos se estipularán límites de 50.000 euros a los miembros de los órganos colegiados de administración de entidades participadas mayoritariamente por el FROB, y de 100.000 euros a sus homólogos en entidades que reciban ayuda pero no mayoritaria. Por su parte, presidentes ejecutivos, consejeros delegados y directivos tendrán sus emolumentos limitados a 300.000 y 500.000 euros, respectivamente.

Dichas retribuciones deberán tener en cuenta también las dietas y a partir de este ejercicio no se podrán "realizar aportaciones ni consolidar derechos económicos por compromisos por pensiones o previsión social complementaria", según exige CiU, puntualizando que en los casos de integración las limitaciones sólo se aplicarán a los directivos de las entidades responsables de la necesidad de apoyo público.

Finalmente, los nacionalistas catalanes también solicitan ampliar la aplicación de las limitaciones retributivas e indemnizatorias a las personas que ocupen cargos de administración y dirección en sociedades del grupo al que pertenezca la entidad beneficiaria del dinero del FROB, así como dotar al Banco de España de la capacidad de revisar todas las cláusulas indemnizatorias, pensiones o blindajes de las que puedan derivarse beneficios discrecionales, incluso si ya existe el derecho a cobrarlas, para evitar su materialización.

PARTICIPACIONES PREFERENTES

En cuanto a las participaciones preferentes y otros productos de deuda subordinada, CiU propone regular una vía para que, en un plazo de tres meses, las entidades intervenidas por el FROB faciliten liquidez a aquellos tenedores que no sean inversores profesionales mediante su canje o conversión en otros valores con mayor liquidez por un nominal equivalente al cien por ciento del capital inicial.

Para ello deberán aceptarse rentabilidades inferiores, y no podrán acogerse a esta posibilidad los titulares de productos bancarios complejos que tengan la condición de inversores profesionales o cualificados.

Finalmente, una enmienda de los nacionalistas catalanes propone también recuperar los incentivos fiscales por impulsar la inversión mediante la libertad de amortización "siempre y cuando se haya mantenido los puesto de trabajo o se hayan creado nuevos" empleos.