CiU reclama la creación de una oficina de colaboración público-privada

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Convergència i Unió (CiU) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para exigir al Gobierno que cree "de inmediato" una oficina de asesoramiento para la colaboración público-privada en proyectos de inversión o de explotación de servicios públicos que permita "minimizar riesgos de insolvencia o de rescate de la concesión" como los que se han producido en los últimos años.

En la iniciativa, que será debatida en el Pleno de la Cámara Baja y que recoge Europa Press, los nacionalistas catalanes defienden las fórmulas de colaboración entre administraciones públicas y empresas privadas para "ganar eficiencia y capacidad de gasto" a la vez que se comparten riesgos y beneficios de los diferentes proyectos.

"Hay muchas fórmulas de colaboración público-privada (peaje a la sombra, derecho de superficie, concesiones, etc.), y si se aplican correctamente pueden contribuir a tener las dotaciones de infraestructuras necesarias a la vez que una mejor asignación de los recursos públicos, más respeto a plazos y presupuestos, mejor distribución de riesgos y reducción del coste total de los proyectos", insiste la formación.

TAMBIÉN TIENEN RIESGOS

Sin embargo, este tipo de mecanismos también entrañan ciertas complejidades tanto por los "riesgos de desviaciones presupuestarias" como en la posterior explotación o prestación de los servicios", lo que hace fundamental que tanto los estudios previos como los contratos sean "precisos" en sus términos.

"Como cualquier instrumento, la colaboración público-privada también puede aplicarse de forma errónea. En el estado español, lamentablemente, hay casos bien claros", critica CiU, poniendo como ejemplo las autopistas radiales de peaje de Madrid, "actualmente todas en bancarrota" y que pueden acabar suponiendo un coste de hasta 8.000 millones de euros para las arcas públicas; o el almacén de gas Castor, por el que los consumidores habrán de abonar más de 4.700 millones.

Estos casos, argumentan los nacionalistas catalanes, mueven a la conclusión de que "antes de realizar una infraestructura se debe analizar si es necesaria y cómo se debe llevar a cabo", ya que la colaboración con el sector público tampoco es siempre la opción más rentable.

ANÁLISIS EN PROFUNDIDAD

Para ello, se deben analizar los riesgos de construcción por incrementos presupuestarios de la obra o demoras en la entrega, los riesgos de disponibilidad si el concesionario está obligado a mantener la infraestructura disponible independientemente de las causas externas que la afecten, o los riesgos de demanda si el pago al concesionario va en función de sus usuarios.

Además, "hay que evitar la incompetencia de las administraciones para evitar que los contribuyentes tengan que asumir riesgos que no les correspondan" dentro de estas colaboraciones público-privadas, añade la formación.

Por eso, es necesario que se cree "de forma inmediata" una Oficina de Asesoramiento sobre proyectos de colaboración público-privada de inversión o explotación de servicios para que asesore a la Administración General del Estado en los estudios previos y términos contractuales de estas colaboraciones para "minimizar los riesgos de insolvencia o de rescate" de este tipo de iniciativas.