El Congreso aprobará el martes la ley que devuelve otro 'moscoso' a los funcionarios

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Hacienda del Congreso dará este martes luz verde al proyecto de ley de Racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa que, entre otras cosas, incluye la devolución al personal funcionario de otro día de asuntos propios o 'moscoso', de los tres que les fueron retirados con los recortes del decreto "antidéficit" de julio de 2012.

La medida fue anunciada por el propio ministro Cristóbal Montoro en el Pleno de la Cámara Baja del pasado 27 de marzo, durante el debate de totalidad del proyecto de ley, como reconocimiento a la "aportación" que el sector público ha realizado a la salida de la crisis económica.

Así, los 'populares' han presentado una enmienda al texto para modificar el Estatuto Básico del Empleado Público y reconocer el derecho de los funcionarios a disfrutar de hasta cinco días de asuntos particulares al año. El anterior 'moscoso' les fue devuelto a finales del año pasado, y aún les quedaría un día de libre disposición por recuperar.

CAMBIOS EN LA CARRERA MILITAR

Junto con este añadido, las enmiendas del partido que da sustento al Gobierno incorporan otro cambio sustancial para el sector público, ya que se pretende modificar tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley de la Carrera Militar para que personal del Ejército pueda desempeñar puestos en la Administración civil.

Así, se incorpora a la normativa una nueva situación administrativa para los militares profesionales, como es la de servicio en la Administración, donde podrán ocupar puestos con carácter de funcionario de carrera o de personal laboral fijo, quedando sujetos a los mismos derechos y deberes que el resto de funcionarios en materia de horarios, jornada, vacaciones, permisos, licencias o régimen disciplinario.

No les será de aplicación, sin embargo, lo previsto para la promoción interna, carrera administrativa, situaciones administrativas y movilidad, aunque sí podrán participar en procesos de provisión de otros puestos abiertos a los militares. Su retribución será la que les corresponda como miembros del Ejército más la complementaria derivada de su puesto en la Administración, sin que los ascensos militares que puedan recibir conlleven variación alguna en estas condiciones. También seguirán cotizando a la Seguridad Social como militares.

Para acogerse a esta nueva opción, deberán participar en las correspondientes convocatorias públicas y obtener plaza en función de los mismos criterios de mérito y capacidad que el resto de aspirantes, si bien deberán contar con al menos 20 años de carrera y el Ministerio de Defensa podrá imponerles requisitos específicos.

Su movilidad a las unidades administrativas donde se permita esta posibilidad quedará condicionada a la autorización previa del Subsecretario de Defensa. Una vez dejen de prestar servicio en la Administración civil, deberán solicitar el reingreso al Ministerio y les corresponderá pasar a la situación de reserva.

MOVILIDAD ENTRE ADMINISTRACIONES

Según argumenta el PP en la enmienda, con este cambio se regula una situación que "de hecho ya se produce" y que da lugar a una "laguna normativa" para estos trabajadores. Sin embargo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ya ha expresado su malestar por la decisión, reclamando al Ministerio que reactive el diálogo social para negociar estos cambios, y recordando que el voto de los empleados públicos puede decantar las elecciones europeas.

El sindicato sí valora, sin embargo, otro cambio que introduce este proyecto de ley para potenciar la figura del personal interino y regular la movilidad voluntaria de personal entre administraciones públicas.

De este modo, los interinos podrán prestar servicio tanto en la unidad concreta que figura en su nombramiento como en otras que participen en el mismo programa o que desempeñen tareas similares si no idénticas, como fórmula para mejorar la eficiencia de los recursos públicos.

LA MESA NO AMPARA AL PSOE

Todas estas enmiendas, así como el resto de las que han presentado tanto el PP como los grupos parlamentarios de la oposición, serán debatidas el martes en la Comisión, ya que en la fase de ponencia no se incluyó ninguna modificación al proyecto de ley remitido por el Gobierno.

De hecho, la norma tenía que haber sido votada el pasado martes, aunque finalmente el PP decidió desconvocar la sesión de la Comisión para dejar más margen a la negociación con el resto de formaciones, según ha explicado a Europa Press la ponente socialista, Meritxell Batet, que duda no obstante de que este tiempo adicional vaya a permitir mover unas posturas muy alejadas, dado que el partido mayoritario sólo les ha enviado de momento una propuesta de transaccional sobre la licencia deportiva única que "no resuelve los problemas" que el PSOE ve a la norma.

Unas discrepancias que, de hecho, llevaron al principal partido de la oposición a pedir amparo a la Mesa de la Comisión, primero, y a la Mesa del Congreso, después, ya que consideran que una decena de las enmiendas 'populares' --relativas a temas energéticos o ferroviarios, por ejemplo-- no guardan ninguna relación con el objeto del proyecto de ley y que, por tanto, deberían ser excluidas.

Los socialistas llegaron incluso a pedir un informe técnico a los letrados de la Cámara al respecto, documento que concluía que la forma utilizada para tramitar estos cambios se ajusta a lo previsto en el Reglamento.

TRIBUNAL DE CUENTAS

Otra de las quejas del PSOE se deriva de la inclusión en el proyecto de ley de un artículo para prever que el Tribunal de Cuentas deba emitir informe preceptivo sobre los anteproyectos de ley o normas reglamentarias que versen sobre su régimen jurídico o sobre el ejercicio de sus funciones fiscalizadora o jurisdiccional.

Batet considera que esta modificación supone atribuir al organismo una nueva función, sin recurrir para ello a la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, que es donde se regula esta materia. Algo que, a su entender, es irregular dado que las leyes de carácter orgánico sólo pueden modificarse en otras de igual rango.

De hecho, la diputada catalana recuerda que el Ejecutivo ya ha registrado en el Congreso una ley orgánica de acompañamiento a la Ley de Racionalización de la Administración, por lo que este cambio podría tramitarse a través de dicho texto. "El problema no es qué cambian sino cómo lo hacen", insiste Batet, para quien esta nueva función es de hecho "muy razonable".

Sin embargo, en su sesión del pasado martes la Mesa de la Cámara Baja se declaró no competente para tratar este asunto y dejó en manos de la Mesa de la Comisión de Hacienda, que preside el 'popular' Gabriel Elorriaga, la decisión definitiva.

Así las cosas, el próximo martes 20 de mayo a partir de las 12.00 horas la Comisión parlamentaria debatirá todos estos asuntos pero, dada la mayoría absoluta de la que goza el PP, el proyecto de ley saldrá adelante incluyendo todos estos aspectos.

Además, como la Comisión de Hacienda tiene competencia legislativa plena sobre este proyecto de ley, tras su debate y aprobación el Congreso lo enviará al Senado para que continúe con su tramitación, y sólo deberá regresar al Pleno de la Cámara Baja en caso de incluir más modificaciones.