MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Empleo del Congreso ha aprobado este martes, con los votos de todos los grupos salvo UPyD, que se ha abstenido, una iniciativa con la que insta al Gobierno a que asigne a las comunidades autónomas los recursos de la UE para luchar contra el paro juvenil antes de que acabe el año, y en la que se reconoce que los gobiernos regionales colaborarán en la gestión de dichos fondos.
La propuesta, planteada por los nacionalistas catalanes, reclamaba que fueran las comunidades autónomas las que gestionen los fondos europeos para luchar contra el paro juvenil, incluidos los recursos destinados a la puesta en marcha de la Garantía Juvenil, como administraciones más cercanas al territorio y mejores conocedoras de las peculiaridades de cada región. Para ello, el dinero debería repartirse "de forma justa" en función del al número de parados menores de 25 años según la EPA.
Sin embargo, finalmente el texto ha sido transaccionado por los 'populares' para que las comunidades autónomas colaboren con el Gobierno central en la definición del Programa Operativo para canalizar este dinero hacia acciones que permitan que "todos los jóvenes de hasta 25 años reciban de forma adecuada a su perfil y en el plazo recomendado una oferta de empleo, educación continua, formación o periodo de prácticas, tras quedar desempleados o haber terminado la educación formal".
"Dicho programa responderá a las distintas realidades sociales y territoriales existentes", se añade en la proposición, en la que también se recuerda al Ejecutivo central que antes de que acabe el año debe presentar el Programa Operativo ante las instituciones comunitarias y debe aprobar la distribución territorial de los fondos conforme a los datos de desempleo juvenil en cada comunidad.
LOS MÁS CERCANOS AL PROBLEMA
El portavoz de Empleo de CiU, Carles Campuzano, cree "necesario" que los recursos que la UE aportará a los estados miembros en los próximos meses para la lucha contra el paro juvenil deben ser "gestionados por las comunidades autónomas", tanto porque en ellas están las competencias de Políticas Activas de Empleo como por su mayor cercanía y conocimiento de las condiciones específicas de cada tejido empresarial y de los problemas y necesidades de los parados.
Además, ha subrayado la importancia de que estos fondos se destinen a programas "de transición de la escuela o el desempleo hasta el mercado laboral". "Facilitar la realización de estos programas sólo es posible a través de las políticas que en España desarrollan las comunidades autónomas", ha insistido el diputado, para quien este dinero "no está tanto pensado" para reducir las cotizaciones a la Seguridad Social --lo que sí sería competencia nacional-- sino para formación o prácticas.
Carmen Álvarez-Arenas, del PP, ha defendido que ha sido el Gobierno español el que ha "empujado" a la UE para poner en marcha este fondo y ha recordado que su propio reglamento ya prevé que las comunidades autónomas colaboren con el Gobierno central en su ejecución.
Además, ha precisado que el Ministerio de Empleo trabaja en estos momentos en el Programa Operativo, que habrá que presentar a la UE antes de que finalice el año y donde habrá dos ámbitos de actuación: por una parte, medidas de fomento del empleo juvenil, que desarrollarán varios ministerios y en las que se enmarca la Estrategia de Emprendimiento y Empleo; y, por otra parte, medidas adaptadas a las realidades sociales y territoriales de cada comunidad autónoma, y que serán gestionadas por ellas mismas.
"El Ministerio de Empleo garantizará que las acciones de ambas administraciones sean complementarias para que los esfuerzos y los presupuestos gastados se coordinen para tener una mayor sinergia, efectividad, eficiencia y transparencia", ha añadido.
Con respecto al criterio que se utilizará para asignar los 1.800 millones de euros asignados a España, la diputada ha subrayado que se repartirán en función de la situación del paro juvenil en cada territorio, el mismo criterio que la UE utiliza para asignar el dinero a los estados miembros. Asimismo, ha indicado que este reparto se conocerá también antes de que acabe 2013 y que se aprobará "en coordinación" con los gobiernos autonómicos.
INICIATIVA "PERTINENTE"
La socialista Pilar Lucio ha criticado los recortes en Políticas Activas de Empleo aplicadas por el Gobierno 'popular', que hacen "muy pertinente" la propuesta de los nacionalistas catalanes. En este sentido, ha requerido al Ejecutivo que decida cuanto antes --con acuerdo con las comunidades y los grupos políticos-- cómo se repartirán las ayudas y cuáles serán las prioridades de actuación porque los gobiernos regionales deben conocerlo para "saber con qué dinero contarán".
El portavoz de Empleo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, ve "lógico" que se asignen los recursos en función de las necesidades y características específicas en cada comunidad autónoma, aunque ha expresado su "preocupación" con la orientación de las estrategias de emprendimiento y empleo que fomenta el Gobierno y que son "fundamentalmente erróneas" por basarse en que las deducciones fiscales y bonificaciones de cotizaciones serán suficientes para resolver el importante nivel de paro que existe en España.
El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, se ha abstenido porque pese a compartir que las comunidades autónomas deben tener un "papel importante" en la gestión de estos recursos rechazan que se relegue a la Administración central a un "papel nulo de mero intermediario en la transferencia de recursos". "No debería ser así, es el Estado el que recibe los fondos y debe distribuirlos con criterios que garanticen la igualdad de las personas, independientemente del territorio", ha añadido.